José Ignacio Bidón, abogado de las víctimas del crimen de Almonte, confirma que se está tramitando la exhumación de María
Las pruebas de ADN del crimen de Almonte sobre las que informó el abogado
Más de 13 años después del crimen de Almonte, uno de los casos sin resolver más mediáticos de la crónica negra española, la investigación judicial sobre el asesinato de Miguel Ángel Domínguez y su hija María sigue abierta y buscando respuestas. La principal novedad ya no está en los laboratorios, donde continúan bloqueados los informes genéticos solicitados hace más de un año, sino en una nueva vía impulsada por la acusación particular.
"Estamos pidiendo la exhumación del cadáver de la niña", confirma a la web de 'Informativos Telecinco' José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, abogado de la familia de las víctimas. Según explica el letrado, la petición fue presentada hace aproximadamente seis meses y actualmente se encuentra en fase de tramitación, con gestiones documentales y eclesiásticas todavía pendientes antes de que pueda ejecutarse.
La nueva vía: exhumar a María
La petición supone uno de los movimientos más relevantes en la investigación durante los últimos años. Según explica Bidón, la acusación mantiene contacto con la procuradora para completar todos los pasos requeridos. "Se está realizando una tramitación en la parroquia", señala el abogado.
La posibilidad de exhumar los restos de las víctimas no es completamente nueva dentro del procedimiento. En 2019 el juzgado ya autorizó nuevas autopsias y exhumaciones sobre Miguel Ángel y María. Según revela ahora Bidón, la actuación sobre el padre llegó a practicarse, pero no la de la niña. Por ello, la acusación continúa impulsando diligencias relacionadas con los restos de la niña y confía en que puedan practicarse próximamente.
El equipo legal que representa a las víctimas pretende que los restos y las muestras biológicas asociadas a la menor sean reexaminados mediante técnicas genéticas y forenses actualmente disponibles, con el objetivo de detectar indicios o elementos que pudieran haber pasado desapercibidos durante la investigación inicial.
Los informes de ADN siguen sin llegar
Mientras tanto, las pruebas genéticas anunciadas en 2025 continúan sin ofrecer resultados. La acusación sigue esperando los informes complementarios relacionados con el perfil masculino hallado en una manta (el denominado "varón A", todavía sin identificar) y con otros análisis avanzados solicitados sobre distintos elementos del caso.
Según Bidón, los estudios sobre códigos STR y haplotipos, planteados con el asesoramiento de un forense, continúan pendientes de resolución. La petición afecta a varios indicios que la acusación considera especialmente relevantes, entre ellos la propia manta, el chándal que llevaba María la noche del crimen y una tubería del cuarto de baño donde se localizaron restos biológicos. Con estas pruebas se pretenden descifrar perfiles genéticos más precisos en muestras complejas o degradadas por el paso del tiempo.
La estrategia parte de una idea concreta: volver sobre pruebas e indicios que, por la razón que fuera, no fueron practicados o explotados a fondo durante la instrucción. La intención es comprobar si esos elementos pueden aportar información que no pudo obtenerse hace más de una década. Sin embargo, la paralización de estas pericias ha frenado las expectativas generadas el pasado año, cuando había esperanzas en que los nuevos análisis arrojasen resultados.
La sombra del juicio de 2017
La insistencia de la acusación en profundizar en el análisis genético tiene su origen en el juicio celebrado en 2017. Entonces, dos informes complementarios y exhaustivos del Instituto Nacional de Toxicología analizaron cuatro toallas del cuarto de baño donde, según la hipótesis acusatoria, el autor del crimen se habría lavado tras cometer el doble asesinato. Los peritos concluyeron que en tres de ellas aparecían restos biológicos de Francisco Javier Medina, entonces principal sospechoso, distribuidos en hasta ocho zonas concretas, mientras que una cuarta no contenía material genético atribuible al entonces acusado.
Según las conclusiones de Toxicología, se trataba de manchas secas formadas por células epiteliales de la piel depositadas de forma posterior a cualquier lavado de las prendas. Los especialistas consideraron que era prácticamente seguro que esos restos fueran consecuencia de un contacto directo con las toallas, descartando que hubieran llegado allí de manera fortuita. Sin embargo, la defensa sostuvo una tesis alternativa basada en una posible transferencia indirecta o contaminación cruzada derivada de la relación y el vínculo entre los implicados.
Aquella explicación terminó generando dudas suficientes en el jurado popular, que emitió un veredicto de no culpabilidad posteriormente confirmado por las instancias judiciales competentes. Precisamente por ello, la acusación pretende ahora reforzar la investigación con métodos más avanzados. Bidón sostiene que, si las nuevas pericias identificaran a una persona que nunca fue investigada, podría abrirse una nueva línea de investigación. En cambio, si surgiera una prueba biológica de carácter revelador respecto a una sentencia absolutoria firme, cualquier intento de revisión solo podría plantearse por los cauces extraordinarios previstos en la legislación, una posibilidad que la doctrina mayoritaria considera muy limitada.
El embargo que sigue vigente
Otra de las novedades recientes en la causa ha llegado a raíz de un escrito presentado por Francisco Javier Medina este mes de junio. Según explica la acusación, el absuelto ha solicitado que se levanten los embargos que todavía pesan sobre sus bienes como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción.
Bidón sostiene que dicha situación deriva de resoluciones acordadas antes del juicio y asegura que, pese a la absolución posterior, "teóricamente sigue teniendo un embargo de los bienes". Según añade, esas medidas no habrían sido modificadas formalmente por el órgano judicial competente.
La cuestión ha vuelto a generar movimiento procesal en la causa. El abogado sostiene además que Medina ya no forma parte del procedimiento como investigado, al haber sido absuelto por los tribunales.
Marianela pide pasar página
La prolongación de la investigación también sigue teniendo consecuencias personales para quienes permanecen vinculados al procedimiento. Según el abogado, Marianela Olmedo, madre de María y expareja de Miguel Ángel, a quien también representa el letrado en este momento, ha solicitado que deje de difundirse información sobre el caso en medios de comunicación y programas televisivos.
La petición de derecho al olvido se fundamentaba en el impacto que las nuevas publicaciones continúan teniendo sobre su vida cotidiana más de 13 años después. Según sostiene la acusación, cada nueva información provoca que vuelva a ser interpelada públicamente sobre unos hechos que marcaron su vida para siempre.
Sin embargo, el juzgado ha rechazado la solicitud mediante una resolución que, según Bidón, es "muy extensa". El letrado sostiene que ahora mismo es incompatible una petición de derecho al olvido con la existencia de una investigación que sigue formalmente abierta.
Más de 13 años sin un responsable del crimen
Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de ocho, fueron asesinados el 27 de abril de 2013 en su vivienda de Almonte, en Huelva. El ataque, de una extrema violencia, se saldó con 151 puñaladas entre ambas víctimas y desde el primer momento los investigadores descartaron el móvil económico al no apreciarse robo alguno en la vivienda.
La investigación acabó centrando sus sospechas en Francisco Javier Medina, pareja sentimental de Marianela Olmedo, exmujer de Miguel Ángel y madre de la menor. Medina fue detenido en junio de 2014 y permaneció más de tres años en prisión provisional hasta la celebración del juicio.
Sin embargo, el jurado popular emitió en 2017 un veredicto de no culpabilidad y Medina fue absuelto, llegando a salir en hombros de los juzgados con el apoyo de vecinos de Almonte. La resolución, posteriormente ratificada por los tribunales, alimentó además las críticas de la familia de las víctimas al sistema del jurado popular, que considera inadecuado para enjuiciar causas de gran complejidad técnica, como explicó Aníbal Domínguez en 'Demócrata'. Desde entonces, la investigación continúa abierta para tratar de determinar quién cometió realmente el doble asesinato. "Este crimen no puede quedar impune", sentencia Bidón.