La defensa de Daniel Sancho espera que la apelación se resuelva en noviembre e insiste en su estrategia: "Fue un homicidio imprudente"

Tres años después del crimen de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Ko Pha Ngan, el caso de Daniel Sancho continúa sin una resolución judicial definitiva. El español de 32 años permanece en prisión a la espera de que el Tribunal de Apelaciones con sede en Phuket resuelva los recursos presentados contra la sentencia que le condenó a cadena perpetua por asesinato con premeditación, ocultación del cadáver y sustracción del pasaporte del cirujano colombiano.

La causa ha atravesado distintas fases desde que Sancho fuera detenido el 5 de agosto de 2023, tres días después de la muerte de Arrieta. Tras permanecer un año en prisión preventiva y ser juzgado entre el 9 de abril y el 2 de mayo de 2024, el Tribunal Provincial de Koh Samui dictó sentencia el 29 de agosto de ese mismo año. Un día después fue trasladado a la cárcel de Surat Thani, donde continúa entre rejas mientras la Justicia tailandesa estudia los recursos que presentaron la acusación, en diciembre de 2024, y la defensa, en marzo de 2025.

El abogado de Daniel Sancho, Marcos García Montes, ha analizado en la web de 'Informativos Telecinco' el momento procesal que atraviesa el procedimiento y ha explicado cuáles son los escenarios que contempla la defensa. El letrado mantiene intacta la estrategia jurídica con la que pretende revertir la condena. No obstante, frente a esta tesis, la representación de la familia Arrieta señala que la sentencia está sólidamente fundamentada y rechaza que existieran irregularidades durante la investigación o el juicio.

La defensa sitúa la resolución de la apelación en noviembre

La principal novedad que traslada Marcos García Montes es el calendario que maneja la defensa de Daniel Sancho. Según explica, sus colaboradores en Tailandia le han trasladado que la resolución del recurso de apelación podría conocerse a mediados del próximo otoño, aunque insiste en que se trata únicamente de una previsión.

"Calculamos que para noviembre tendremos novedades. Pero es una estimación en base a lo que nuestros asesores en Tailandia nos transmiten después de haber estado en contacto con el tribunal. Primero nos dijeron que sería antes de verano y después en otoño. Es un cálculo aproximativo, pero nada más", precisa el abogado, que subraya que ese pronunciamiento marcará un punto de inflexión en el procedimiento. "Con esta resolución vamos a conocer ya la sentencia firme", indica.

Los recursos que aún contempla la defensa

Aunque confía en una resolución favorable, García Montes sostiene que el procedimiento todavía no concluiría en noviembre. "Si nosotros ganamos, evidentemente va a recurrir el fiscal y la acusación particular, que tiene que ir adherida al fiscal. Pero si nosotros perdemos, recurriríamos al Tribunal Supremo de Tailandia. Además, también contemplamos ir al Tribunal Constitucional del país asiático, en demandas de amparo. Y también tendríamos la vía internacional, como es el Comité de Derechos Humanos de la ONU. O sea que tenemos todavía tres recursos pendientes", afirma. El abogado asegura que afronta la apelación con optimismo porque buena parte de su recurso se apoya, según apunta, en la propia Constitución tailandesa. A su juicio, el texto constitucional reconoce la protección de los derechos humanos y la adhesión del país a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, lo que obliga a los tribunales tailandeses a cumplir con esas garantías durante todo el procedimiento.

Sobre esa base, mantiene que durante la investigación policial y el proceso seguido contra Daniel Sancho se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales y que, por ello, su principal objetivo sigue siendo que el Tribunal de Apelaciones declare la nulidad del procedimiento y ordene repetir el juicio: "Si determinan que no se respetaron los derechos en el juicio y en las declaraciones que se han tenido en cuenta, habría que repetirlo y, por supuesto, pediría la libertad provisional". Si esa pretensión no prosperara, la defensa solicitará de forma subsidiaria que los hechos sean considerados un homicidio imprudente. "Si nos dicen que se han respetado todos los derechos en este procedimiento, pero que se cometió un homicidio imprudente, que es una pena de cuatro años, el tema estaría zanjado", afirma. En ese escenario, añade, podría plantearse la aplicación del convenio de traslado de personas condenadas entre España y Tailandia para que Sancho regresara a España y cumpliera aquí el tiempo de condena que, en su caso, le restara.

La defensa mantiene la misma estrategia sobre el crimen

Más allá de los plazos, García Montes insiste en que la línea de defensa no ha cambiado desde el juicio: "Para nosotros, las pruebas son claras. Hay un reportaje fotográfico de agosto de 2023, cuando le detuvieron, que pensé que no iba a llegar al juzgado y que acabó figurando tres meses después. Si se observan las imágenes se ve una primera lesión en el omoplato, en la espalda y en el trapecio, por lo que se entiende que Daniel fue atacado por la espalda". A partir de esas fotografías, argumenta que las lesiones reflejan que Sancho actuó para defenderse y no con premeditación, como sí se apreció en la sentencia de primera instancia.

En esa misma línea, agrega: "Él sufrió una mordedura en el antebrazo derecho y posteriormente en el izquierdo, que fue cuando ya no se dejó morder. Luego hay un golpe, que es en el antebrazo, por la parte exterior, que recibe cuando se estaba protegiendo la cara. Solo presenta lesiones de defensa". El letrado también indica que, durante el juicio, "el fiscal preguntó a los forenses si las lesiones de la víctima eran anteriores o posteriores y dijeron que eran posteriores". "No había ninguna lesión ni en vida ni cuando estaba muriendo. Son lesiones postmortem", precisa. A ello suma la controversia sobre un cuchillo hallado por la policía, que, según su versión, "se determinó que no pudo utilizarse para el desmembramiento", así como otra idea que ha repetido desde el inicio del procedimiento: "No hay que olvidar este dato. El jefe de la investigación dijo en su día que Daniel jamás confesó que había matado a Edwin. No hay crimen, en todo caso un homicidio".

El abogado asegura que Daniel Sancho mantiene plena confianza en la defensa

García Montes afirma que continúa manteniendo contacto periódico con Daniel Sancho y asegura que el español sigue implicado en la estrategia jurídica. "Con Daniel hemos estado hablando todas las semanas. Tanto su padre y un amigo suyo como nosotros. Tras el traslado de prisión en agosto de 2024, que pasó de Koh Samui a Surat Thani, notamos cambios. Últimamente solo dispone de una llamada semanal, por lo que la utiliza de forma alterna para hablar con Rodolfo, su amigo y nosotros. Ahora mismo, por nuestra parte, hablamos una vez al mes, aproximadamente". El letrado manifiesta que las charlas se realizan por videoconferencia: "Vemos cómo está allí y cómo se encuentra. Le vemos la cara y él está muy bien, muy confiado en nuestro trabajo. Ha colaborado en el recurso con mi despacho y con el despacho de nuestros asesores allí. Está contento".

El abogado también asegura que Daniel Sancho nunca quiso cambiar de representación legal pese a que, según destaca, Silvia Bronchalo se lo propuso. "Su madre quiso cambiar de abogados, pero él lo desestimó". Incluso sostiene que la relación con la progenitora se deterioró tras la denuncia que Silvia Bronchalo presentó contra Rodolfo Sancho: "Daniel no quiere hablar con ella. Se enfadó mucho por la denuncia de presuntos malos tratos contra Rodolfo. Dijo 'yo voy a donde sea a declarar, mi padre jamás maltrató a mi madre'. Quería venir como testigo y dijimos que no, que ya había. Y como se ganó, está encantado con su padre. Dice que su padre es la única persona en la que tiene confianza, junto con la que yo llamo 'madre coraje', su abuela Noela, que es la que realmente le ha criado".

La acusación rechaza la tesis de la defensa y mantiene que la condena está fundamentada

La posición de la familia Arrieta continúa siendo completamente distinta. En declaraciones a 'Informativos Telecinco', Juan Gonzalo Ospina ha reiterado que la sentencia de primera instancia descansa sobre un amplio conjunto de pruebas documentales, periciales, científicas y testificales que, a su juicio, acreditan tanto la autoría como la premeditación. El abogado de la acusación rechaza que existieran vulneraciones procesales que justifiquen la nulidad del juicio y considera que Daniel Sancho contó con asistencia letrada, traductores y todas las garantías previstas por el sistema judicial tailandés. También sostiene que la hipótesis de la legítima defensa fue descartada durante la vista oral y que el descuartizamiento y la ocultación del cadáver son incompatibles con el relato que mantiene la defensa.

Ambas partes discrepan igualmente sobre la responsabilidad civil. García Montes niega que se hayan producido contactos para negociar una indemnización: "No es que hayamos hablado, es que es mentira lo que se dijo de que habían contactado conmigo para intentar llegar a un acuerdo. A mí no me ha llamado nadie. Ni a mí ni al padre. Además, hay un error. Ospina pedía 700.000 euros, dijo públicamente, y los abogados tailandeses suyos pidieron 400.000. O sea que ni ellos se ponen de acuerdo". Frente a ello, Ospina sostiene que la familia Arrieta no ha recibido "ni un solo euro" de la indemnización reconocida por la justicia tailandesa de manera inicial, de 107.000 euros, y defiende que el recurso que presentaron tiene peso para incrementar tanto la pena para el español como la cuantía para la familia de la víctima, al considerar que la reparación fijada en la sentencia no refleja el perjuicio económico sufrido por los padres del cirujano.