Desalojada una familia con cuatro hijas de una vivienda de alquiler en Gandia tras varios aplazamientos: concluye un conflicto judicial de más de un año
El lanzamiento se ejecutó sin incidentes tras dos intentos fallidos y puso fin a un conflicto judicial por el impago del alquiler
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Una familia formada por un matrimonio y sus cuatro hijas, tres de ellas menores de edad, ha sido desalojada este martes de la vivienda en la que residía desde hacía más de diez años en el barrio de Las 500, en Gandia, en Valencia, después de que se ejecutara la orden judicial de desahucio por impago del alquiler.
La intervención se produjo tras dos intentos anteriores suspendidos, motivados por la situación de vulnerabilidad de la familia y por las circunstancias que rodearon las convocatorias previas. Finalmente, el lanzamiento se llevó a cabo sin incidentes, ya que el inquilino accedió a abandonar el inmueble de forma voluntaria, según ha informado el medio 'El Levante'.
Un conflicto que se prolongaba desde hace más de un año
El procedimiento judicial tiene su origen en un desacuerdo entre el arrendatario y la propietaria de la vivienda por el pago de la renta, un conflicto que se ha prolongado durante más de un año y en el que han intervenido tanto los Servicios Sociales como los tribunales.
La condición de vulnerabilidad de la familia retrasó la ejecución del desahucio. El primer intento tuvo lugar a finales de mayo y un segundo lanzamiento fue aplazado a comienzos de julio tras una protesta convocada por el Sindicat de l'Habitatge de la Safor y la falta de efectivos policiales suficientes para garantizar el desarrollo del operativo.
Amplio dispositivo policial y protesta vecinal
En esta ocasión, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad en los accesos a la calle donde se encuentra la vivienda para facilitar el cumplimiento de la resolución judicial y evitar altercados. Antes de la hora fijada para el lanzamiento, varios activistas volvieron a concentrarse en apoyo de la familia. Sin embargo, la actuación concluyó sin necesidad de emplear la fuerza después de que el inquilino firmara el desalojo voluntario.
Durante la mañana también acudió al lugar la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gandia, que mantuvo una conversación con el afectado antes de la llegada de la comisión judicial y de la propietaria del inmueble.
La familia busca una nueva vivienda
El cabeza de familia, de 46 años y residente en Gandia desde hace más de dos décadas, aseguró haber intentado encontrar una alternativa habitacional tanto a través de inmobiliarias como con la ayuda de los servicios municipales, aunque hasta el momento no había conseguido un nuevo alojamiento.
Tras abandonar el piso, los enseres de la familia permanecieron de forma provisional en la escalera del edificio, mientras la propietaria procedía al cambio de cerradura y a la instalación de un sistema de alarma. Las dos partes mantienen posturas muy distintas sobre el origen del conflicto.
El inquilino sostiene que dejó de abonar el alquiler al considerar excesiva la subida de la renta, mientras que la propietaria rechaza esa versión y asegura que el precio se fue incrementando de manera progresiva hasta alcanzar 380 euros mensuales, además de afirmar que el contrato ya había expirado cuando comenzaron los impagos. La dueña de la vivienda defiende que el alquiler suponía un complemento económico tras enviudar y lamenta el coste personal y económico que, asegura, le ha supuesto el procedimiento judicial para recuperar el inmueble.
