Las camas de UCI y de enfermos agudos, criterio de obligado cumplimiento para cambiar de fase

En el plazo de cinco días las CCAA tendrán que tener un listado de entre 1,5 y 2 camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada por 10 000 habitantes, en el caso de que se produjera un rebrote de coronavirus. Será el Ministerio Sanidad el que les exija ese listado.

Este es uno de los criterios de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas para que el Gobierno pueda entrar a valorar sus propuestas de cara a la desescalada y que aparece recogido en una orden ministerial de cogobernanza publicada el domingo en el BOE.

Esta orden regula el procedimiento a seguir para la elaboración, remisión y tramitación por las comunidades autónomas y ciudades autónomas de propuestas de desescalada de acuerdo a las medidas establecidas en la declaración del estado de alarma.

"Uno de los criterios es que puedan acreditar que en un plazo máximo de cinco días se está en condición de garantizar que hay una capacidad de UCI que se puede poner en marcha en un plazo de 15 días por si hubiera un rebrote", ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

En la misma línea, Illa ha recomendado que las comunidades autónomas mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada y que se refuercen los servicios de atención primaria que, a su juicio, "van a tener un papel clave".

Una vez recibidas las propuestas de las comunidades, el Ministerio de Sanidad la estudiará conjuntamente con la comunidad o ciudad autónoma en cuestión, con el criterio asimismo de los ministerios competentes.

Las comunidades autónomas tendrán que remitir sus propuestas al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad antes del 6 de mayo a las 14.00 horas, y las sucesivas propuestas, al menos, con una semana de antelación a la fecha propuesta para su aprobación.

Una vez remitidas las propuestas, cualquier modificación sustancial de las condiciones que sirvieron de base para la elaboración de las mismas, deberá ser comunicada de manera inmediata al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad.

Las propuestas deberán tener, al menos, un análisis introductorio sobre la fase en la que en ese momento se encuentra el territorio respecto del que se realiza la propuesta y la fase de desescalada a la que se propone transitar mediante la adopción de las medidas incluidas en la propuesta.

Además deberá contener una descripción de las medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor. También con un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población.

Una vez recibidas las propuestas, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad contactará con los órganos correspondiente de la comunidad autónoma para la valoración cualitativa y cuantitativa de los diferentes indicadores de situación en cada unidad territorial de la propuesta, así como del impacto de la ampliación o restricción de las medidas relativas a lugares, establecimientos, desplazamientos y actividades.

El ministro de Sanidad ha insistido en que la unidad territorial de referencia para evaluar la situación es la provincia o la isla pero se podrán plantear, "de manera motivada", ámbitos de aplicación distintos, siempre que se cumplan unos criterios.

En concreto, la orden del BOE aclara que las propuestas de zonas distintas a la provincia deberán especificar las razones por las que se considera que el territorio en cuestión tiene unas condiciones de homogeneidad que aconsejan un tratamiento común del mismo y diferenciado del resto de la provincia o de la comunidad autónoma.

Además, se tienen que especificar las garantías de movilidad y aislamiento que se aplicarían en ese territorio respecto al resto de la provincia o de la comunidad autónoma.