La nueva vida de Miguel Carcaño en la 'cárcel palacio' de Archidona: ha dejado de trabajar y le embargan más de 200 euros

Gonzalo Barquilla 24 ENE 2026 - 07:30h.

17 años después del asesinato de Marta del Castillo, Miguel Carcaño vuelve a situarse en el foco informativo no por una novedad judicial, sino por su situación penitenciaria y por una cadena de decisiones administrativas que han reactivado la indignación social. El único condenado por el crimen cumple una pena de 21 años y tres meses de prisión y, salvo cambios extraordinarios, saldrá en libertad en 2030. Sin embargo, más allá del calendario penitenciario, su nombre vuelve a aparecer ligado a privilegios, sanciones y a una estrategia económica que, en la práctica, impide que la familia de la víctima reciba las indemnizaciones fijadas por sentencia.

En los últimos meses, las autoridades penitenciarias ordenaron que se le retire a Carcaño cualquier cantidad que supere los 200 euros mensuales. Hasta entonces, el interno percibía alrededor de 700 euros al mes gracias a su trabajo en la panadería de la prisión de Herrera de la Mancha, un empleo estable que le proporcionaba ingresos regulares. La decisión respondía a un criterio legal claro: al contar con alojamiento, manutención y trabajo remunerado, Carcaño debía contribuir de forma efectiva al pago de la indemnización a los padres de Marta, una deuda que nunca ha satisfecho pese a los años transcurridos desde la condena.

Sin embargo, la medida tuvo un efecto inmediato y revelador. Consciente de que cualquier ingreso superior a ese límite sería embargado, Miguel Carcaño habría decidido dejar de trabajar de manera voluntaria, según comenta a la web de 'Informativos Telecinco' el creador de contenido sevillano José Ruz, conocido como Triun Arts. Al renunciar al empleo penitenciario, Carcaño reduce sus ingresos al mínimo permitido y neutraliza casi por completo la capacidad real de embargo. Se trata de una maniobra legal, pero profundamente polémica, que ha vuelto a situar a la administración penitenciaria y al propio sistema en el centro de las críticas. "Le podían embargar cuando estaba trabajando. Ahora ya no", destaca Triun Arts, que sigue el caso desde hace años. "Le dejan hasta 200 euros al mes, pero antes recibía bastante más. Ahora no va a pagar nada. Creo que en todo este tiempo solo le han conseguido embargar 1.300 euros", añade. Formalmente, la situación podría cambiar si retomara un puesto de trabajo, pero por ahora responde a una decisión calculada que le permite esquivar el pago.

El polémico traslado de Herrera de la Mancha a Archidona

Esta estrategia económica no puede entenderse sin su traslado desde la prisión de Herrera de la Mancha al Centro Penitenciario Málaga II, situado en el municipio de Archidona, un cambio que alteró de forma directa su situación laboral. El traslado se produjo tras descubrirse que Carcaño disponía en su celda de un teléfono móvil, una tablet, un ordenador portátil y un pincho wifi, un conjunto de dispositivos absolutamente prohibidos en el régimen penitenciario ordinario. Aquellos hechos motivaron la apertura de un expediente disciplinario y precipitaron su salida de Herrera de la Mancha, donde llevaba años cumpliendo condena y donde trabajaba de forma regular. En Archidona, sin embargo, no tiene empleo asignado, lo que refuerza su capacidad para esquivar el embargo.

Oficialmente, Archidona está considerada una prisión con un régimen restrictivo. No obstante, la realidad del centro penitenciario ha generado una fuerte controversia. Se trata de una cárcel de reciente construcción, con módulos modernos y servicios poco habituales en el imaginario colectivo del sistema penitenciario, como piscina climatizada, gimnasio y amplias instalaciones deportivas. Esta circunstancia ha llevado a que sea conocida popularmente como una 'cárcel palacio', un calificativo que ha alimentado la indignación de quienes consideran que el traslado no ha supuesto un endurecimiento real de las condiciones de Carcaño, sino un simple cambio de escenario en un entorno que podría ser incluso más cómodo.

Lejos de cerrar el debate, el traslado ha reforzado la percepción de que la trayectoria penitenciaria de Carcaño ha estado marcada por anomalías y privilegios. A lo largo de los años ha compartido prisión con algunos de los internos más mediáticos del país, como José Bretón, Patrick Nogueira, Tony King o Santiago del Valle. Además, según Triun Arts, durante su estancia en Herrera de la Mancha se rumoreó que Carcaño disponía de un pequeño economato improvisado en su celda y que mantuvo una relación sentimental con una funcionaria, extremos que nunca fueron confirmados oficialmente, pero que han contribuido a alimentar la sensación de trato de favor. "Entró siendo un niño y va a salir siendo un hombre distinto con más problemas, probablemente", precisa el creador de contenido.

Una verdad judicial que muchos consideran incompleta

Mientras tanto, Carcaño, que tiene 36 años en la actualidad, mantiene su séptima versión de los hechos, la que señala directamente a su hermanastro, Francisco Javier Delgado, como autor material de la muerte de Marta. Llegó tras seis relatos diferentes, contradictorios entre sí, y cuando ya había sido condenado. Esa versión nunca tuvo recorrido judicial y no alteró una sentencia que se apoyó en indicios sólidos contra él: restos de ADN compartidos con la víctima, sangre en su ropa, pruebas materiales halladas en el piso de la calle León XIII y una reconstrucción de hechos que situó a Carcaño como responsable penal del crimen. Aun así, la persistencia de dudas sobre lo ocurrido aquella noche sigue alimentando el debate social y mediático.

En paralelo a la actualidad penitenciaria, la familia de Marta continúa pendiente del recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la absolución de Javier García Marín, el ‘Cuco’, por falso testimonio. Aquí reside un resquicio jurídico al que se aferra la familia: si el recurso prospera, podrían reclamar que se analice si ese falso testimonio fue determinantes para absolver a Francisco Javier Delgado.

El caso judicial está formalmente cerrado, pero el conflicto moral y social sigue abierto. Para la familia de Marta, el paso del tiempo no ha traído una sensación de justicia plena; para la administración, el reto sigue siendo evitar que el sistema permita estrategias que vacíen de contenido las condenas civiles; y para Miguel Carcaño, la actualidad es la de un preso que, pese a haber sido el único condenado, continúa rodeado de sombras, polémicas y una verdad judicial que muchos consideran incompleta.