Un juzgado de Sevilla ordena la entrega de una menor a su padre investigado por presuntos abusos y agresiones
La jueza ha ordenado la entrega inmediata de la menor al padre pese a la existencia de una investigación penal abierta por presuntos abusos y agresiones
La defensa de la madre ha recurrido la decisión y ha pedido suspender cualquier cambio de custodia hasta que se resuelvan las medidas cautelares
SevillaUn juzgado de Sevilla ha ordenado la retirada inmediata de una menor del domicilio materno y su entrega al progenitor, pese a que contra este se ha seguido un procedimiento penal en curso por presuntos abusos sexuales y agresiones. La decisión, dictada por la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Sevilla, se ha acordado mediante providencia de 26 de enero de 2026 y ha sido recurrida por la representación legal de la madre.
La resolución ha ordenado la retirada de la menor del domicilio materno y su entrega al padre, además de deducir testimonio por un posible delito de desobediencia a la autoridad contra la progenitora por el incumplimiento del régimen de visitas.
Procedimiento penal en curso
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Sevilla estaba investigando investigado hechos relativos a presuntos abusos sexuales y agresiones sufridas por la menor. En ese procedimiento han constado partes médicos de urgencias emitidos por distintos facultativos del Servicio Andaluz de Salud, en los que se han recogido una serie de lesiones objetivadas en cuello, extremidades y zona genital, así como manifestaciones espontáneas de la propia menor que habría identificado supuestamente al padre como autor.
La menor fue valorada por el médico forense , si bien la exploración no se pudo concluir al haberse al faltar alguna documentación médica complementaria. Por tanto, la adopción de medidas cautelares penales ha quedado pendiente del análisis completo de los informes clínicos y forenses.
El recurso de la defensa
La abogada de la madre, Elisabet María Guerrero, ha recurrido la decisión del juzgado de familia. En el escrito, sostiene que la retirada inmediata de la menor del domicilio materno supone un cambio de custodia de facto, y que ha sido adoptado sin una valoración suficiente de las circunstancias ni del interés superior de la menor.
El recurso insiste en que el juzgado tiene conocimiento de la existencia del procedimiento penal abierto contra el progenitor por presuntos delitos contra la indemnidad sexual y la integridad física de su hija, y defiende, por tanto, que la entrega de la menor al padre investigado resulta incompatible con el principio de máxima cautela que debe regir en este tipo de situaciones.
Interés superior de la menor y principio de precaución
La defensa ha fundamentado su recurso en el principio del interés superior del menor, recogido en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, así como en los artículos 92 y 94 del Código Civil. Ha recordado que la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han establecido que, cuando existen indicios de violencia o delitos graves contra menores, deben suspenderse o limitarse las relaciones paterno‑filiales mientras se esclarecen los hechos.
En este contexto, el escrito ha sostenido que lo procedente habría sido, en su caso, mantener las visitas bajo supervisión o suspenderlas cautelarmente, pero no acordar un cambio de custodia.
Informes médicos y técnicos
En las actuaciones penales han obrado varios partes médicos remitidos directamente al juzgado por una sospecha de agresión, así como informes clínicos que motivaron la intervención judicial. Además, han incorporado un informe emitido por la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato, en el que, ante la afectación emocional de la menor, se ha recomendado la práctica de prueba preconstituida para preservar su integridad psíquica, evitar la revictimización y asegurar la fiabilidad de su testimonio.
La defensa ha subrayado que estos informes técnicos constituyen indicios cualificados y objetivos deberían exigir, insisten, extremar las cautelas y priorizar de forma absoluta la protección de la menor.
Coordinación entre jurisdicciones
Uno de los ejes del recurso interpuesto por la defensa ha sido lo que consideran una falta de coordinación entre la jurisdicción penal y la civil. La abogada ha advertido de la contradicción que se ha producido al investigarse en sede penal los presuntos delitos graves contra la menor, mientras en la jurisdicción civil se ha acordado situarla bajo la custodia del progenitor investigado.
En los escritos presentados ante el Juzgado de Instrucción nº 5, la defensa ha solicitado la adopción urgente de medidas cautelares penales, como la suspensión del régimen de visitas o la prohibición de aproximación y comunicación, y ha pedido que se comunique al juzgado de familia cualquier resolución penal para evitar la ejecución de medidas que impliquen la entrega de la menor al padre mientras se resuelven esas medidas cautelares.
La defensa, por tanto, ha solicitado que se deje sin efecto la medida, que se mantenga la situación actual o que, en su caso, se adopten medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de la menor, incluida la suspensión o supervisión de las visitas mientras se tramita el procedimiento penal.
Contexto actual
El procedimiento penal continúa pendiente de la valoración forense definitiva y del análisis completo de la documentación médica. Además la resolución sobre las medidas cautelares penales no se ha producido todavía.
Mientras tanto, la defensa de la madre sostiene que cualquier modificación de la guarda y custodia en este momento resulta prematura y contraria al principio de protección integral del menor.