Los asesinatos en El Ejido en el 2000: tres crímenes que causaron conmoción y disturbios raciales condenados por el Parlamento Europeo
Los crímenes en El Ejido en el año 2000 causaron conmoción y disturbios raciales señalados por Europa
Cherki Hadij asesinó a dos agricultores el 22 de enero y Lesbir Fahim a Encarnación López el 5 de febrero
Tres asesinatos cometidos en un lapso de 15 días marcaron un punto crítico en El Ejido (Almería) en el año 2000. Dos agricultores fueron asesinados el 22 de enero por Cherki Hadij y, el 5 de febrero, una joven de 26 años murió apuñalada en un mercadillo por Lesbir Fahim, ambos inmigrantes de Marruecos.
Los crímenes causaron una gran consternación y fueron llevados a la justicia, pero no se dictó la pena que deseaban las familias de las víctimas. Fue entonces cuando, en días posteriores, se acabó generando una situación de tensión social e incidentes que recibieron la condena del Parlamento Europeo, institución que calificó los hechos como "estallidos de racismo y xenofobia".
Los tres asesinatos en El Ejido en el año 2000 y los disturbios
Los responsables de los crímenes vivían en una residencia de trabajadores temporeros ubicada en Las Norias de Daza. El primer caso, ocurrido el 22 de enero, se registró en la vía pública. Cherki Hadij, de 24 años, había sido contratado por José Ruiz Funes, quien le reprendió por arrojar piedras a un perro. Hadij reaccionó de forma violenta y golpeó repetidamente con una piedra a José, que se encontraba allí con sus hijos y su esposa. Al ver el ataque a su amigo, Tomás Bonilla acudió en auxilio, pero el agresor lo degolló y le asestó alrededor de una decena de puñaladas. Tras su detención, Hadij fue condenado a 35 años de prisión, cumplió la condena en España y acabó falleciendo en Zaragoza en 2013. Su cuerpo fue repatriado a Marruecos.
15 días después de aquellos homicidios, Encarnación López, de 26 años y próxima a casarse, fue asesinada en un mercadillo de la pedanía de Santa María del Águila por Lesbir Fahim. El joven se desplazó solo hasta la zona comercial e intentó robar el bolso a la víctima. Ella se resistió y trató de resguardarse en un coche, pero el agresor la atacó con dos puñaladas en el hígado que resultaron fatales. Fahim, que padecía un cuadro psicótico diagnosticado, fue condenado a 11 años y 10 meses de prisión al aplicarse en el juicio una eximente incompleta por enfermedad mental, una pena causó malestar entre los familiares de Encarnación. Tras cumplir su condena, fue expulsado a Marruecos con prohibición de regresar a España durante 10 años, cumpliendo la normativa de extranjería que permite la deportación tras el cumplimiento de penas graves.
Estos crímenes, sumados al contexto social de El Ejido (con un alto porcentaje de población migrante) generaron disturbios y tensiones raciales entre el 5 y el 7 de febrero. Se registraron ataques a propiedades vinculadas a inmigrantes, enfrentamientos con la policía y un clima de alarma y miedo que reflejaba la combinación de violencia individual y prejuicio social acumulado. El escenario recuerda a lo que se vivió años después en Torrepacheco, Murcia.
Reacción y condena desde Europa
El Parlamento Europeo condenó los incidentes en El Ejido en una nota oficial difundida el 17 de febrero de 2000, donde lamentó haber contemplado una persecución de la población inmigrante, agresiones físicas y quema de viviendas. Además, subrayó la necesidad de proteger a los inmigrantes y asegurar la convivencia. En una sesión, se exigió una condena clara de los hechos y se destacó que los inmigrantes fueron colectivamente hostigados, golpeados y desplazados, algo que las instituciones supranacionales consideraron inaceptable.
Asimismo, un informe del Observatorio Europeo calificó los sucesos como uno de los episodios más graves de violencia racista en Europa y señaló que muchos inmigrantes acusaron a las autoridades de no haber tomado medidas suficientes para proteger su seguridad, lo que incluso llevó a huelgas de protesta.
Con el paso de los años, los sucesos de El Ejido han sido analizados como un ejemplo de cómo crímenes especialmente violentos pueden desencadenar reacciones sociales desproporcionadas cuando existen tensiones previas. La respuesta contra parte de la población inmigrante, ajena a los asesinatos, evidenció los riesgos de las represalias colectivas, mientras que los propios crímenes pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar tanto las políticas de seguridad como los mecanismos de integración y protección social.
