La anulación de la licencia acerca la demolición del hotel de El Algarrobico en Almería
El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado de forma definitiva la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico
El Consejo Consultivo respalda la anulación de la licencia de obras de El Algarrobico, en Almería
El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes de forma definitiva la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, un paso largamente esperado que, según las administraciones y los colectivos implicados, abre la puerta a la demolición del edificio construido en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
La decisión de la corporación local pone fin al procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido en 2003 a la mercantil Azata del Sol, promotora del hotel.
La votación se ha celebrado tras el ultimátum de 20 días hábiles dado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que advirtió a los ediles de la ejecución subsidiaria de la sentencia y de posibles responsabilidades penales por desobediencia tras el bloqueo escenificado en el pleno del pasado 17 de junio. Cuatro concejales - los socialistas José Luis Amérigo y Francisco Capel y los no adscritos Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela- han abandonado el salón de plenos justo antes de la votación en señal de protesta por la falta de informes socioeconómicos complementarios.
Pese a la marcha de los cuatro concejales, la nulidad ha salido adelante por mayoría absoluta gracias al respaldo del equipo de gobierno (Cs y PP) y al voto favorable de dos concejalas socialistas, Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós, quienes han justificado su postura para acatar la legalidad y evitar ser encausadas penalmente.
Durante su intervención, el alcalde, Salvador Hernández (Cs), visiblemente afectado, ha tenido que interrumpir brevemente su discurso al admitir que se encontraba "un poco emocionado".
Derribo y restauración
Tras conocerse el resultado del pleno, las reacciones de las distintas partes implicadas han situado el derribo y la posterior restauración ambiental en el centro del debate. Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha afirmado que la nulidad de la licencia de obras era "la vía más sólida y eficaz para lograr la demolición del hotel". Díaz ha anunciado que la Junta impulsará "de manera inmediata" los trabajos técnicos y administrativos para la restauración ambiental del espacio protegido, y ha apelado a la cooperación con el Gobierno central.
En los mismos términos, la portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones, Carolina España, ha manifestado su satisfacción y ha subrayado que se darán "los pasos necesarios" junto al Gobierno central para proceder al derribo "cuanto antes".
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado el cambio de voto de las dos ediles de su partido y ha instado a la Junta a exigir formalmente la demolición a la constructora. Montero ha cifrado en unos cuatro millones de euros la indemnización que se tendrá que abonar a la empresa, una cantidad alejada de los 70 millones que pretendía recibir la promotora, al encontrarse el edificio sobre suelo "rústico". Según Montero, este coste podría ser afrontado de forma subsidiaria por el propio Ayuntamiento de Carboneras o por otras administraciones.
Cautela de los ecologistas
Las organizaciones ecologistas han reaccionado con cautela. El abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez, ha advertido de que la promotora Azata del Sol recurrirá previsiblemente la decisión del Ayuntamiento de Carboneras ante los juzgados de Almería y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque ha recalcado que estas impugnaciones no paralizarían "la obligación del Ayuntamiento de ordenar el derribo ya". A través de un comunicado, la organización ha exigido que los presupuestos estatales para 2027 incluyan las partidas para costear unos trabajos que cifran en más de siete millones de euros.
Greenpeace ha recordado el convenio de colaboración suscrito en 2011 por el que el Estado asumirá el desescombro y la Junta de Andalucía la gestión de los residuos. La asociación Salvemos Mojácar ha subrayado que la decisión del ayuntamiento pone "fin a 20 años de rebeldía institucional" y ha anunciado que pedirá de forma inmediata ante el TSJA la reactivación del pleito por la demolición, que permanecía suspendido a la espera de que la licencia fuera declarada formalmente nula.
