La Guardia Civil ha detenido a una persona vinculada al sector de la aceituna de mesa por una presunta estafa de 1.765.220 euros
Hasta 258 agricultores y productores de Sevilla y Huelva han denunciado que entregaron sus cosechas sin llegar a cobrar por ellas
La Guardia Civil ha detenido a una persona relacionada con el sector empresarial de la aceituna de mesa como presunto responsable de una estafa que habría perjudicado a cientos de productores de Sevilla y Huelva. Las denuncias formalizadas hasta ahora afectan a 258 agricultores y productores, mientras que las pérdidas contabilizadas ascienden a 1.765.220 euros por mercancía entregada, comercializada y cobrada que no habría sido abonada a sus propietarios. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas actuaciones.
Una investigación iniciada durante la campaña de 2025
Las pesquisas comenzaron durante la campaña agrícola de 2025, cuando el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor comenzó a recopilar denuncias relacionadas con las operaciones de compra de aceituna. El sospechoso habría conseguido hacerse con las cosechas proyectando una apariencia de solvencia, según los investigadores, y se habría comprometido a pagar a los productores una vez que la mercancía fuese comercializada.
Sin embargo, las averiguaciones apuntan a que las aceitunas fueron posteriormente revendidas a terceras empresas de distribución y cobradas sin que el dinero llegara a los agricultores. Para reconstruir la operativa, los agentes han examinado contratos, facturas, albaranes, documentos de entrega y pesaje, movimientos bancarios y comunicaciones entre las partes. También se han analizado reconocimientos de deuda y pagarés que posteriormente fueron devueltos por falta de fondos.
La Guardia Civil sostiene que la confianza de los afectados se habría mantenido durante meses mediante diferentes compromisos de pago. Entre las actuaciones investigadas figuran promesas reiteradas de abonos, anuncios de financiación y reconocimientos de las cantidades pendientes, además de la entrega de pagarés que no pudieron hacerse efectivos. La documentación recopilada también habría permitido seguir el recorrido de las cosechas después de su entrega y comprobar su posterior comercialización.
Registros en dos localidades del Aljarafe
La investigación desembocó en una fase de explotación con dos entradas y registros autorizados judicialmente en Olivares y Albaida del Aljarafe, en Sevilla. En el dispositivo participaron efectivos del Equipo ROCA, unidades de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Sevilla.
Durante estas actuaciones, los agentes localizaron e intervinieron diferentes bienes y dispositivos. Fueron incautados dos vehículos de alta gama, trece relojes de lujo y piezas y lingotes de oro y plata, además de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos. También se obtuvo abundante documentación mercantil, contable y bancaria que podría resultar relevante para determinar el alcance de la operativa investigada.
La actuación policial incluye además el análisis de los movimientos económicos y patrimoniales relacionados con las sociedades vinculadas al detenido. Los investigadores tratan de determinar el destino de los fondos obtenidos tras la venta de las aceitunas, así como la posible existencia de otros activos relacionados con los hechos.
Más de 1,2 millones de kilos de aceituna, bajo custodia judicial
Uno de los datos más destacados de la operación es la cantidad de producto intervenido. La Guardia Civil ha paralizado la distribución de 1.220.650 kilos de aceituna de mesa de la variedad manzanilla, que han quedado depositados a disposición de la autoridad judicial.
La actuación se produce mientras los agentes mantienen abierta la investigación sobre la presunta estafa y otros posibles delitos relacionados con el patrimonio y el orden socioeconómico. La cifra de afectados podría aumentar si aparecen nuevas denuncias o personas relacionadas con la operativa, mientras que tampoco se descarta investigar a otras empresas o individuos.
El caso pone el foco en el recorrido económico de las cosechas una vez que abandonan las explotaciones agrícolas y entran en la cadena de comercialización. Por ahora, las cantidades denunciadas corresponden a los afectados contabilizados por la Guardia Civil y la investigación deberá determinar las posibles responsabilidades penales y económicas.