La factura electrónica obligatoria, que pronto se hará efectiva, ayudará también a pymes y autónomos: su impacto

El ministerio de Economía ha dado un paso más en los procesos de digitalización de los sistemas de facturación entre empresas. El Gobierno señala que, en la actualidad se intercambian ya más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España con ahorros que se estiman por encima de 2.700 millones de euros. Para mejorar estas cifras y luchar contra la economía sumergida, este martes ha aprobado la nueva factura electrónica que corre en paralelo con el programa Verifactu (que entrará en vigor en 2027) con el que se busca ayudar a pymes y empresas a ahorrar, luchar contra la morosidad y el fraude fiscal.

La tramitación de ambos proyectos ha coincidido en el tiempo, pero se trata de dos medidas diferentes. Verifactu busca combatir el fraude fiscal en transacciones de todo tipo, establece una serie de obligaciones para los productores de software de facturación, que dificultan la manipulación de facturas, y habilita diferentes mecanismos de reporte de información fiscal a la Agencia Tributaria.

Reducción de cargas y ahorro para las empresas

Por su parte, esta norma sobre la factura electrónica entre empresas y profesionales, conocido como sistema B2B, desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (18/2022) y se alinea con la estrategia europea de digitalización del IVA (iniciativa VIDA de la Comisión Europea). El nuevo decreto que sobre esta novedad busca reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las empresas.

La norma establece la obligatoriedad de la factura electrónica en las transacciones entre empresas y profesionales, con el objetivo de acortar los plazos de pago, que actualmente rondan los 80 días de media, por encima del límite legal de 60 días.

Además, según el Gobierno, esta factura generará importantes ahorros de tiempo y recursos en las empresas que la adoptan.

Uno de los grandes incentivos para que ya esté implantada en sectores como el gran consumo, el automóvil, suministros sanitarios u hoteles y agencias de viaje es la automatización de procesos que permite el recibir cientos o miles de facturas al año en formato estructurado que puede leer directamente el software contable de las empresas, frente a la entrada de facturas en PDF o papel, cuyos datos es necesario volver a registrar en el sistema del destinatario, y por diferentes vías o direcciones.

El real decreto define la factura electrónica como "un fichero estructurado de lectura automatizada" -superando la era del PDF, del Excel y del papel- e introduce la obligación de informar del estado de cada factura: aceptación y fecha de pago efectivo.

Las empresas podrán optar por dos vías para intercambiar facturas electrónicas. La primera será a través de plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para que ninguna empresa se vea obligada a pertenecer a la plataforma de su cliente. La segunda será una solución pública y gratuita que desarrolla la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), accesible para cualquier empresa o profesional que la necesite, incluidos autónomos con pocas facturas al mes.

La entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación de todas las empresas: un año para aquellas con una facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto (pymes y autónomos).

Los plazos comenzarán a computar desde la publicación de la orden ministerial de Hacienda que regulará los aspectos técnicos de la solución pública, que se prevé antes del 1 de julio de 2026.

Las empresas piden ayudas para implantar estos dos programas

Desde el tejido productivo, asociaciones empresariales y entidades profesionales han pedido la aprobación de ayudas fiscales para que las empresas y autónomos puedan implantar los nuevos sistemas de facturación electrónica y el Verifactu.

Entre estas entidades se encuentran Madrid Foro Empresarial, la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), ZeroComa, PavaBits-Matrix, EasyAP, Namirial-Digital Technologies, UnifiedPost-Bankup, B2Brouter, Docuten, Spairal, Avalara y Logalty.

Según estas asociaciones, a través de las deducciones fiscales, el coste de la inversión para implantar los nuevos sistemas se reduciría "sensiblemente". De lo contrario, advierten que "inevitablemente" se producirá un "colapso" en la implantación de estos sistemas porque una gran parte del tejido empresarial aplazará la decisión de adaptarse a los nuevos mecanismos.

"En el caso de los profesionales y autónomos, esta situación podría agravarse, ya que su falta de recursos económicos y humanos motivarán sin ninguna duda el aplazamiento de la toma de decisión a los últimos días previos a la efectividad de la norma", han alertado.