El Gobierno defiende que el préstamo concedido a Plus Ultra fue “impecable, transparente y riguroso”
El Ejecutivo incide en que todo siguió el marco regulador y un procedimiento administrativo en el que "no cabe ni arbitrariedad ni discrecionalidad"
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En medio del terremoto político derivado de las investigaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero y la trama Plus Ultra, el Gobierno asegura que el procedimiento llevado a cabo para conceder la ayuda a la aerolínea respondió "absolutamente" al marco regulatorio establecido y fue "impecable, transparente y riguroso".
Así lo ha señalado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha subrayado que el préstamo concedido a Plus Ultra durante la pandemia, como los concedidos a otras empresas de sectores estratégicos, responde a un marco regulador y a un procedimiento administrativo en el que "no cabe ni arbitrariedad ni discrecionalidad".
El Gobierno defiende un control "exhaustivo" y "criterios absolutamente técnicos" en la concesión de la ayuda a Plus Ultra
Incidiendo en ello, Saiz ha subrayado que hay un consejo gestor que está compuesto por técnicos de la SEPI, expertos jurídicos y financieros externos y que, "siempre con criterios absolutamente técnicos" se produce la validación de esa ayuda. A ello, además, ha añadido que se produce un control "exhaustivo", no solo de la Administración en este caso, sino también del Juzgado de Instrucción número 15, de la Fiscalía en la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas, de la propia Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De igual modo, la portavoz del Gobierno ha apuntado igualmente que un aplazamiento de la Seguridad Social es una herramienta "absolutamente adecuada y viva" que en momentos de crisis usan empresas o autónomos y que hay un procedimiento que siempre se basa en criterios técnicos.
Así, y en esa línea, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones añaden que esta figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales y que durante la pandemia se utilizó de forma "más intensiva". Como ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que el año anterior).
El Ejecutivo insiste en descartar irregularidades vinculadas al rescate de Plus Ultra
En la misma línea, el Ministerio también subraya que, dentro del ámbito de competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social, está la tramitación de los aplazamientos, que "se efectúan siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta".
En lo que tiene que ver con pedir un aplazamiento de deudas, ha añadido la portavoz del Ejecutivo, es importante que, tal y como establece el Reglamento General de Recaudación, hay que tener una serie de requisitos "absolutamente medidos y absolutamente técnicos".
Para recibir un aplazamiento, las empresas tienen que acreditar una dificultad transitoria de liquidez y que tienen viabilidad para pagar los vencimientos del aplazamiento, que se debe justificar con garantías. Además, a la hora de aprobarlo se tiene en cuenta si ha habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto y que, a la vista de la documentación aportada, acrediten viabilidad, explica el Ministerio.
"No desaparece la deuda, no se condona la deuda", ha recalcado Elma Saiz durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Además, ha añadido que los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de forma automática (como si se tratase del certificado de vida laboral), sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto.
A este respecto, la portavoz del Ejecutivo ha recalcado la "total colaboración" del Gobierno en lo que tiene que ver con poner a disposición toda la documentación de un procedimiento de este tipo.