Nuevas ayudas para personas celíacas: varias comunidades financian parte de la alimentación sin gluten
Una persona celíaca soporta un sobrecoste medio de 996,37 euros anuales en la cesta de la compra respecto a un consumidor convencional
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Seguir una dieta estricta sin gluten no es una elección. Para las cerca de 450.000 personas celíacas diagnosticadas en España, es el único tratamiento existente para una enfermedad autoinmune reconocida oficialmente como crónica en 2025. Y ese tratamiento tiene un precio que el mercado no iguala al de cualquier otro paciente crónico. Según el Informe de Precios 2026 elaborado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), una persona celíaca soporta un sobrecoste medio de 996,37 euros anuales en la cesta de la compra respecto a un consumidor convencional. Esto supone un gasto de aproximadamente 83 euros más al mes o 20 euros más a la semana.
Para productos concretos como el pan de barra, la harina de repostería o el pan rallado, la brecha es aún más pronunciada. Además, la cesta de productos sin gluten experimentó en 2025 un incremento del 2,60%, mientras que los productos convencionales con gluten subieron un 6,76%, lo que estrecha ligeramente la diferencia comparativa pero mantiene el sobrecoste estructural.
Frente a ese agujero económico, el mapa de apoyos públicos en España es profundamente desigual según el territorio. Tres comunidades autónomas tienen en vigor para el ejercicio 2025 deducciones en el IRPF directamente vinculadas a la celiaquía.
La más generosa es La Rioja, con 250 euros de deducción en la cuota íntegra autonómica por cada persona integrante del núcleo familiar diagnosticada con enfermedad celíaca, según el artículo 32.20 de su normativa propia. Si en la unidad familiar hay dos celíacos, la deducción asciende a 500 euros. En caso de custodia compartida de un hijo celíaco, los 250 euros se reparten en 125 euros para cada progenitor.
Andalucía aprobó una deducción de 100 euros por cada persona integrante del núcleo familiar con diagnóstico oficial, y surte efectos desde el 1 de enero de 2025, por lo que ya podía aplicarse en la campaña de Renta 2025 que arrancó en abril de 2026. A diferencia de La Rioja, la deducción andaluza no tiene límite de renta, pero exige que el diagnóstico haya sido emitido por un profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía o, en el caso de aseguramiento privado, por un médico colegiado adscrito a la entidad aseguradora.
El Principado de Asturias tiene igualmente activa una deducción de 100 euros por cada persona integrante del núcleo familiar con diagnóstico definitivo de celiaquía. Aquí, sin embargo, la definición de núcleo familiar es más restrictiva e incluye al propio contribuyente, al cónyuge solo en declaración conjunta y a los ascendientes y descendientes que generen derecho a los mínimos familiares.
El único mecanismo de ayuda directa a escala de toda una comunidad autónoma
es el que aplica Castilla-La Mancha. Existen una serie de subvenciones para personas afectadas por la enfermedad celíaca y la cuantía a conceder suele ser de 500 euros por persona beneficiaria, con un máximo de 1.000 euros por unidad familiar. El requisito de renta es que, para la unidad familiar, los ingresos sean inferiores o iguales al doble del IPREM.
A nivel municipal, el panorama es heterogéneo. El Ayuntamiento de Teruel destina anualmente 22.000 euros a familias con celíacos en su seno. El Ayuntamiento de Alcañiz convocó en 2024 una línea de ayudas de 5.000 euros para sus vecinos celíacos. El Ayuntamiento de Barbadás, en Galicia, ofrece 400 euros anuales para la cesta de la compra. La Asociación de Celíacos de Extremadura canaliza lotes de alimentos sin gluten financiados por la Diputación de Badajoz, la Fundación Valhondo Cáceres, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y el Ayuntamiento de Badajoz, con un valor de en torno a 50 euros por cesta. MUFACE, por su parte, tiene activa para 2026 una ayuda de 400 euros anuales destinada a funcionarios mutualistas con celiaquía diagnosticada, convocada mediante Resolución de 21 de abril de 2026 y publicada en el BOE del 28 de abril.
El horizonte de una ayuda universal sigue pendiente. En octubre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición de Ley de compensación económica para las personas celíacas que prevé una deducción reembolsable de hasta 600 euros en el IRPF por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado, así como la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca adscrito al Ministerio de Sanidad.
Sin embargo, dicha proposición acumula ya 22 prórrogas consecutivas en la fase de enmiendas al articulado desde noviembre de 2025, sin que se haya fijado un calendario para su debate en comisión ni para la votación final en el Pleno. La ley figura también en el listado de leyes en tramitación del Senado.