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Otra vez en fútbol en el punto de mira de Hacienda. En esta ocasión, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, a su administrador, a dos intermediarios y a otras dos personas por no tributar en España los beneficios de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes. De la Mata admite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia Tribunal ha coordinado una operación policial que incluía requerimientos de información a determinados clubes de fútbol y organismos, que no están siendo investigados en este procedimiento, como son el Getafe, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Granada, el Cádiz, el Sporting de Gijón, el Elche, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). También se han practicado registros en los domicilios de algunos de los investigados.
El procedimiento se dirige contra el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited y contra su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pública y por este mismo delito y también por blanqueo de capitales contra el intermediario Juan Manuel López Martínez y su pareja Rocío del Carmen Sánchez Ortega y contra el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. Los seis han citados a declarar como investigados entre mañana y el viernes ante el Juzgado Central de Instrucción 5.
El magistrado señala que, para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, “se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen Sports Investment Limited se realizaba desde España y no desde Malta, como se simulaba”.
Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio de Malta y cuya actividad consiste en operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes. Este fondo, recibía del club financiado, no solo intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.
Estos acuerdos denominados TPO (por sus siglas en inglés, Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. A partir de dicha fecha, subraya la resolución, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.
Según el auto de la Audiencia Nacional, Doyen Sports Investments Limited realiza su actividad en España con "plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo”.
Dentro de su estructura, la rama española del fondo se encuentra liderada por dos hombres de confianza, Mariano Aguilar y Juan Manuel López Martínez, ambos intermediarios, quienes junto con el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, a través de la sociedad Assets 4 Sports (sustituida posteriormente por la sociedad maltesa Vela Management) han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.
La resolución detalla que el Grupo Doyen no presentó ninguna declaración en territorio español, pese “a su estrecha vinculación económica al mismo”. Con motivo las filtraciones de Football Leaks anuales de los ejercicios 2011 y sucesivos.
Según indica el auto, hay indicios de que Doyen obtuvo en 2013 un beneficio de 17,8 millones de euros; en 2014 de 1,9 millones; en 2015 de 624.322,35 euros y en 2016 de 217.941,83 euros.
Según fuentes judiciales, el beneficio obtenido por el fondo fue de 1,1 millones en 2013, 224.324,37 euros en 2014 y 75.000 en 2015 y por tanto, el auto del juez de la Mata señala que: “los anteriores datos implican que, para el ejercicio 2013, la base imponible atribuible al establecimiento permanente alcanza 15.328.829,23 € y la cuota tributaria defraudada sería de 4.583.648,77 euros "sin perjuicio de que afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros períodos impositivos”, concluye el magistrado.