{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
Trump quiere aislar a Huawei. El secretario de Estado del Ejecutivo de EEUU, Robert Strayer, se ha reunido estos días con las autoridades españolas y europeas para defender la posición de Washington sobre las redes 5G a la empresa china y las consecuencias para los países que adopten una línea diferente a la de ellos.
Strayer, responsable de política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales está presionando para que los 27 usen la tecnología de compañías "de confianza" como Nokia, Ericsson o Samsung y no la las redes 5G de Huawei.
Washington asegura entre sus argumentos que los países que abran "su red a Huawei, es exponer todos sus datos públicos, confidenciales y secretos, al gobierno de Pekín, que es quien controla a la operadora”.
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón han aceptado seguir la directiva de Washington, pero en Europa le está costando. Francia y Alemania han abierto una investigación para aclarar si estos argumentos son ciertos o son como aquel de las armas de destrucción masiva que argumentó EEUU para bombardear e invadir Irak.
La semana pasada el emisario de Donald Trump participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, a comienzos de semana estuvo en Portugal y estos días está en España, donde se ha reunido con las compañías telefónicas, reguladores y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el de Asuntos Exteriores.
Las operadoras españolas han tomado decisiones diferentes, unas han optado, como Telefónica por no usar el 5G de Huawei, mientras otras solo usarán una parte y no el 'core'. Esto último tampoco complace a EEUU que sugiere que esta decisión no la tomen las compañías privadas, sino los Gobiernos.
Strayer ha especificado que no es suficiente excluir a Huawei únicamente de la parte sensible de la red, el conocido como núcleo o 'core' . Washington apuesta por eliminarla por completo de las redes, porque en las partes ajenas al núcleo "todavía se produce computación", por lo que es una fuente de "potenciales vulnerabilidades".
"No deberían ser las operadoras de telecomunicaciones las que realizan estas decisiones importantes de seguridad nacional, deberían ser los gobiernos", ha subrayado Strayer.