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Cambio de cromos. Cartera del Ministerio de Trabajo por gestión de las Políticas Activas de Empleo, por hacerse cargo del fondo de formación de desempleados. Las Políticas Activas de Empleo tienen una partida presupuestaria propia. La última dotación económica se publicó en el BOE del 15 de marzo de 2019, uno de los controvertidos viernes sociales del. El presupuesto, hoy en día, está lejos de ser tentador 5.793 millones de euros. Y es más bien para repartir porque 2.126 millones de euros los gestionan las comunidades autónomas.
Estas son las cifras globales que incluyen las aportaciones de la Unión Europea, como el complemento salarial para jóvenes.
Su objetivo es reinsertar en el mercado laboral a los desempleados o mejorar las condiciones profesionales de los que tienen trabajo. Incluyen la formación, la orientación laboral, las bonificaciones y las posibles deducciones a las que pueden acogerse las empresas que realicen contrataciones. Las comunidades autónomas gestionan las partidas pero antes, en la Conferencia Sectorial de Empleo, tienen que presentar a qué programas se destinan sus fondos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha analizado las Políticas Activas de Empleo este mismo mes, en su análisis del conjunto de las políticas de gasto público en España. Para la Airef, se invierte poco en la formación de parados. Más que en formar, se invierte en bonificar.
Solo uno de cada cuatro euros que se gasta en este tipo de políticas acaba en la formación de los parados o de aquellos que quieren cambiar de puesto de trabajo.La educación es rígida y falta control de la eficacia de un gasto que, además, está disperso. El 40 por ciento del gasto está destinado a las bonificaciones e incentivos a la contratación.
La Airef ilustra, con esta tabla, su diagnóstico y compara los recursos de España con los de otros países.
El gasto por participante en los programas de España (470 euros) está en las antípodas del gasto alemán (4.089 euros) o el francés (2.752 euros). Y mención aparte merecen el número de funcionarios que gestionan las políticas activas de empleo. Cada funcionario español atiende a 188 trabajadores frente a los 19 de Finlandia o los 51 de Alemania.
La Airef recomienda "copiar" el modelo alemán, con un paro residual del entorno del 3%. Recomienda incentivos económicos para oficinas de empleo y funcionarios según su "productividad", es decir, que los que consigan colocar a más parados, cobren más. También que las oficinas de empleo estén en contacto permanente con las empresas para definir los perfiles que demandan. Algo que también comparte el modelo de Filandia.
Antonio Garamendi, presidente de los empresarios, ha pedido "políticas activas de empleo serias", poniendo el foco en los colectivos más necesitados, particularmente jóvenes, parados de larga duración y personas con discapacidad. Los empresarios se han mostrado siempre partidarios de rediseñar las políticas activas de empleo en la Mesa de Diálogo Social.