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Las emisiones contaminantes, el agua o los vertidos son los impuestos sobre los que ha puesto el foco el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que pide "repensar" la fiscalidad verde en España y diversificar los ingresos porque ahora, el 61,5% llega de los combustibles.
Según el estudio sobre la Fiscalidad Ambiental en España, se recauda menos que la Unión Europea por este tipo de impuestos: suponen un 5,4% del total de ingresos tributarios frente a la media europea del 6,1%. Es un porcentaje mayor que el de Alemania, Francia o Suecia, pero está lejos de países como Dinamarca, Grecia o Letonia.
Los ingresos por impuestos verdes disminuyen su peso desde el año 2000. Y eso ocurre tanto en relación a la recaudación total por impuestos como respecto a la riqueza de los países. Además es un fenómeno global: ocurre en el mundo en general, en la Unión Europea en particular y también en España.
En Europa, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los impuestos ambientales suponían un 2,58% del PIB. En 2016 redujeron su peso al 2,47% de la riqueza. La paradoja tiene explicación:
Las administraciones españolas recaudan 21.382 millones de euros en concepto de impuestos ambientales y tres cuartas partes llegan del sector energético y los hidrocarburos son los que más aportan a la recaudación verde.
Y eso a pesar de las subvenciones, como en el caso de la agricultura, que suponen una merma de 850 millones de euros en la tributación. En España, la recaudación en el sector energético tiene más peso que en el resto de la Unión Europea. Sin embargo estamos lejos en el transporte: 12,7% de la recaudación en nuestro país frente al 19,8% en la Unión. En el REAF consideran que podría haber margen para mejorar los ingresos por impuestos en este sector que gravan la propiedad, el uso o los servicios del sector.
El 82 % de los impuestos verdes van a parar al Estado.
Para el REAF es muy necesaria la armonización de este tipo de impuestos. Murcia, por ejemplo, ingresó en 2017 algo más de 48 millones de euros por el canon de saneamiento de agua y apenas 127.000 euros por vertidos en aguas litorales, pese a los manifiestos problemas medioambientales de la región.
La fiscalidad medioambiental es una "herramienta importante" para mejorar y preservar el medio ambiente. Para Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas será difícil afrontar la reforma de los impuestos verdes de una manera "sensata y lógica" hasta que se alcance un acuerdo de financiación autonómica. Para Pich no se trata solo de recaudar sino de "direccionar comportamientos".
"Hay que incorporar el coste ambiental a los productos", afirma con rotundidad Luis del Amo, secretario técnico del REAF y eso, apunta es "doloroso y políticamente desagradable" porque lo sufren más los más pobres. Sería necesario incorporar políticas que minimicen el impacto.
El registro de economistas propone una Ley marco que establezca una línea recaudatoria a autonomías y municipios.