Así queda el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026: importe exacto y novedades importantes tras la subida
Si se compara con 2018, cuando se situaba en 736 euros mensuales, el incremento acumulado supera el 60%
El Gobierno aprueba la subida del SMI al 3,1% y el presidente de la CEOE no oculta su enfado
Tras meses de negociación, el salario mínimo interprofesional (SMI) ya tiene nueva cifra y se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2026. El importe queda fijado en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 17.094 euros anuales. La subida es del 3,1% respecto a 2025.
En la práctica, son 37 euros más al mes y 518 euros adicionales al año frente a los 1.184 euros mensuales anteriores.
Además, la medida tiene carácter retroactivo, lo que obliga a actualizar las nóminas desde comienzos de año para quienes perciban el mínimo legal.
El nuevo importe ya es oficial y se aplicará con retroactividad
La subida se produce tras un proceso de diálogo en el que han participado el Ejecutivo y los sindicatos mayoritarios, mientras que las organizaciones empresariales decidieron no sumarse al acuerdo final. No ha sido sencillo. La discusión ha girado -una vez más- en torno a la necesidad de mejorar el poder adquisitivo sin poner en riesgo la competitividad empresarial ni el empleo.
Con esta actualización, el salario mínimo continúa su senda ascendente iniciada hace años. Si se compara con 2018, cuando se situaba en 736 euros mensuales, el incremento acumulado supera el 60%. En 2019 se produjo un salto significativo hasta los 900 euros.
Posteriormente se encadenaron subidas progresivas hasta alcanzar los 1.000 euros en 2022, en pleno contexto inflacionario. Desde entonces, las revisiones anuales han mantenido el ritmo al alza hasta alcanzar los actuales 1.221 euros.
Cambios clave en complementos salariales y aplicación real
Uno de los aspectos más relevantes de esta actualización no es solo la cifra, sino la forma en que debe aplicarse.
El Gobierno ha anunciado modificaciones para evitar que determinadas empresas compensen la subida mediante la absorción de complementos o pluses ya existentes. El objetivo es que el aumento se traduzca en una mejora real de la base salarial y no quede neutralizado por ajustes contables internos.
Esta cuestión ha sido especialmente polémica en los últimos años. En algunos sectores, la actualización del mínimo legal se absorbía mediante conceptos variables, lo que diluía el impacto efectivo para el trabajador.
Con la reforma del decreto vigente se busca impedir esa práctica y garantizar que la mejora sea tangible en la nómina.
La retroactividad también es un elemento determinante. Aunque el acuerdo se haya cerrado meses después del inicio del ejercicio, la subida se aplica desde el 1 de enero de 2026. Esto obliga a regularizar cantidades pendientes en caso de que la empresa no haya ajustado previamente las retribuciones.
Relación con la Carta Social Europea y el salario medio
La referencia europea sigue marcando el debate. La Carta Social Europea establece que el mínimo legal debería representar al menos el 60% del salario medio neto del país para asegurar un nivel de vida digno.
Aunque la nueva cifra avanza en esa dirección, todavía existe discusión sobre si se cumple plenamente ese umbral, que algunos expertos sitúan en torno a los 1.450 euros mensuales netos.
El cálculo anual tiene en cuenta variables como la evolución del Índice de Precios de Consumo, la productividad media y la renta nacional. Estos indicadores influyen en la decisión final del Gobierno tras el periodo de consultas con sindicatos y asociaciones empresariales. La inflación reciente ha sido uno de los factores determinantes en las últimas revisiones.
Impacto en prestaciones y gestión laboral
El salario mínimo no solo afecta a quienes lo perciben directamente. Sirve como referencia para múltiples ayudas y prestaciones públicas. Subsidios, determinados complementos sociales y algunas pensiones utilizan este indicador como base para fijar cuantías. Cualquier variación tiene, por tanto, un efecto indirecto en otras partidas del sistema de protección social.
Para las empresas, la actualización implica revisar contratos, estructuras salariales y previsiones presupuestarias.
En sectores con alta presencia de trabajadores con retribuciones próximas al mínimo, el impacto agregado puede ser relevante. En términos macroeconómicos, la medida busca reforzar el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos, con el objetivo de sostener el consumo interno.
El nuevo importe ya está en vigor y marca un nuevo punto de referencia en el mercado laboral español, pero ¿es suficiente?