Si finalmente el decreto decae, quienes no hayan solicitado la ampliación perderán una oportunidad excepcional de blindar su contrato en las condiciones actuales
Todo lo que debes saber para beneficiarte de las medidas sobre la prórroga del contrato de alquiler: firma ahora la renovación y blíndate contra la subida del IPC
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto con medidas urgentes en materia de vivienda —incluido dentro del paquete anticrisis aprobado por el Gobierno en el contexto de la guerra contra Irán— ha abierto una ventana temporal decisiva para miles de inquilinos. Desde este domingo, quienes tengan contratos de alquiler que expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en las mismas condiciones. La clave, según coinciden expertos y organizaciones de consumidores, es hacerlo cuanto antes, porque la norma podría decaer en apenas un mes si no obtiene el respaldo del Congreso.
Según recuerda El Economista, “todos aquellos contratos que expiren antes del 31 de diciembre de 2027 pueden ampliarse ahora mismo en los mismos términos y condiciones durante dos años más, y el propietario, salvo casos excepcionales, debe aceptarlo”. La medida, sin embargo, está sujeta a un plazo político incierto: el real decreto debe ser convalidado en un máximo de 30 días y el Gobierno no tiene garantizados los apoyos necesarios. Si la convalidación fracasa, la posibilidad de solicitar la prórroga desaparecería de inmediato.
Quién puede pedir la prórroga y cómo hacerlo
El Sindicato de Inquilinas y diversas asociaciones han llamado a los arrendatarios a actuar sin demora. La recomendación general es comunicar la solicitud al propietario mediante un burofax, para dejar constancia fehaciente de la petición. Los requisitos son claros:
- El contrato debe finalizar entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
- La solicitud debe enviarse por escrito y conservarse el justificante de entrega.
- El propietario solo puede negarse si necesita ocupar la vivienda para uso propio o de familiares, o si ambas partes pactan un nuevo contrato.
Fuentes jurídicas citadas por El Economista apuntan que los contratos renegociados durante la vigencia del decreto “se considerarán válidos con carácter general”, salvo que una futura disposición legal establezca lo contrario.
En este mismo medio, Emilio J. Sánchez, letrado de Golden Partners, justifica la urgencia de la solicitud por la propia redacción del decreto. Como señala , “el real decreto limita el objeto de aplicación de las prórrogas extraordinarias únicamente a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos vigentes en la fecha de entrada en vigor del real decreto; esto es, que estén vigentes el día 22 de marzo”. Si el Congreso no convalida la norma, la posibilidad de solicitar la ampliación quedaría anulada.
La prórroga beneficia a inquilinos y no perjudica a propietarios
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) coincide en la necesidad de actuar durante la vigencia del decreto. En un comunicado, la organización recomienda a los inquilinos solicitar la prórroga “para beneficiarse de las condiciones actuales durante dos años adicionales” y subraya que la medida “no perjudica a los propietarios, ya que garantiza el cobro de las rentas y permite recuperar la vivienda para uso propio o de familiares”.
Asufin destaca que el real decreto “refuerza la seguridad jurídica tanto de inquilinos como de propietarios”, al extender la protección frente a subidas de precios a todos los contratos en vigor hasta diciembre de 2027. En un contexto de tensión en el mercado del alquiler, esta estabilidad temporal se considera clave para evitar incrementos abruptos de precios o renegociaciones forzadas.
Además de la prórroga extraordinaria, Asufin valora positivamente otra medida incluida en el paquete legislativo: la prioridad otorgada a la vivienda frente a los centros de datos en el acceso a conexiones energéticas. Según la asociación, esta decisión “contribuye a aliviar la presión sobre el acceso residencial” y evita que el crecimiento de infraestructuras digitales “limite la construcción de vivienda”.
La medida ofrece dos años adicionales de estabilidad en un mercado tensionado, con precios al alza y escasez de oferta. Si finalmente el decreto decae, quienes no hayan solicitado la ampliación perderán una oportunidad excepcional de blindar su contrato en las condiciones actuales.