Más de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas de infantil convocan un paro general en España
Los sindicatos convocan la huelga estatal ante la preocupación e indignación de las condiciones en la educación
Este jueves más de 60.000 educadoras de unas 11.000 escuelas de infantil, públicas y privadas, están convocadas a un paro general en toda España, para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales y, sobre todo, una ley estatal que baje el número de bebés y niños en las aulas.
Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) convocan la huelga estatal ante la preocupación e indignación de las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, que cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales y atendiendo hasta a 8 bebés en clase.
Máximo ocho bebés por aula
Representantes de la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), que impulsa la movilización con el apoyo del sindicato CGT, fueron recibidas el mismo 7 de abril en que comenzaban las protestas por la ministra de Educación, Milagros Tolón. Dos semanas después, desde el ministerio se informaba de que antes del verano comenzarán los trabajos para revisar el Real Decreto 132/2010, que regula las condiciones para el segundo ciclo, de 3 a 6 años, con objeto de que pueda incluir la regulación de las ratios también en el ciclo 0-3.
"Hasta entonces, es competencia de las comunidades autónomas establecer las ratios en esta etapa educativa", añadía la nota del ministerio. "No hacerlo se debe exclusivamente a una falta de voluntad política".
Un día antes, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, había remitido una carta a Tolón en la que argumentaba que la Comunidad de Madrid no puede modificar las ratios en tanto no lo haga el Gobierno.
"Con la aprobación de la LOMLOE en 2020, el Gobierno central decidió reservarse expresamente la regulación de este ciclo", se afirma desde la administración autonómica. "Seis años después, esa regulación sigue sin existir". Modificar unilateralmente la actual normativa, se prosigue, podría ser "contrario a la Constitución y objeto de recurso por el propio Ministerio". [...]. La Comunidad de Madrid no puede modificar unilateralmente la normativa vigente sin vulnerar el reparto competencial".
Lo que establece el decreto autonómico vigente es un máximo de ocho bebés por aula, 14 alumnos de 1 a 2 años por aula y 20 alumnos de 2 a 3 años por aula. Unas cifras, alegan desde la PLEI, con las que resulta imposible atender a la individualidad que requiere esta etapa educativa. Frente a ello, plantean lo que consideran "ratios europeas", más acordes con otros países de nuestro entorno. Apuntan así a cuatro bebés, seis de 1 a 2 años y ocho de 2 a 3 años por aula, además de demandar que se implante la pareja educativa, la presencia de dos educadoras por aula.
Reunión con la consejera
Se reclaman también mejoras salariales. Existen grandes diferencias, en el entorno de los 500 euros mensuales, entre los sueldos de educadoras de las escuelas gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid y las de las escuelas de la red pública autonómica pero de gestión indirecta por parte de empresas o cooperativas o las escuelas infantiles privadas.
Desde la PLEI se pide subir los salarios. El convenio colectivo establece para este curso un sueldo de 1.245 euros, pero en algunas escuelas de gestión indirecta, hasta 55, se mantienen en vigor pliegos originales o prorrogados anteriores a la actualización del convenio.
"La Comunidad de Madrid tiene potestad para subir los salarios, para adoptar la pareja educativa o para bajar las ratios", traslada Rosa Marín, portavoz de la PLEI. "Si hay intención política, se puede. No hay intención política, habrá que generar que tengan esa intención política".
Por ello demandan una reunión con Zarzalejo. "La Consejería ya se ha reunido con la Plataforma, se ha reunido con las organizaciones sindicales y ha puesto toda la voluntad para poder resolver esta situación en aquellos aspectos que nos competen", señalaba este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.
La reunión con la PLEI a la que alude fue con el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial, José Ignacio Martín Blasco, el 25 de marzo, semanas antes del inicio de la huelga. La consejera Zarzalejo sí se ha reunido, esta misma semana, con representantes de los sindicatos FSIE, USO, UGT y CCOO, que le han planteado una reunión a tres con las organizaciones empresariales del sector.
“Nosotras convocamos con CGT, no vamos a desconvocar si (Zarzalejo) no se sienta con nosotras, independientemente de lo que consigan el resto de los sindicatos, que estará genial que consigan cosas. Pero la huelga la hemos convocado nosotras y sin nosotras esto no se para”, asegura Lucía Martínez, compañera de Rosa Marín en la PLEI.
“El comité de huelga tiene legitimidad para poder llegar a acuerdos tanto con la Consejería como con el Ayuntamiento y que tengan la misma validez que un convenio colectivo. Esto es lo que hay que hacer entender a la consejera y a Almeida, al Ayuntamiento. Los sindicatos mayoritarios llevan años haciendo cosas y no llega nada. No nos da una garantía que se siente con los sindicatos, porque lo lleva haciendo años y estamos igual que hace 10”, comenta Lucía Martínez.
Concentraciones semanales
Transcurrido un mes de huelga, afirman, el ánimo sigue alto, ven repercusión en los medios y en el discurso público. PSOE y Más Madrid han abanderado su causa en las instituciones en su confrontación con el Ejecutivo regional. Hoy mismo Mercedes Zarzalejo comparece en la Asamblea para dar cuenta de la situación a petición de Más Madrid y, entretanto, continúan con un calendario de movilizaciones que incluye concentraciones semanales frente a la Consejería de Educación.
Unas 300 educadoras se congregaron este miércoless en la calle de Alcalá. El primer día de movilizaciones llegaron al millar.
Hoy prevén “una fecha histórica para el ciclo educativo 0-3” en demanda de un marco legal que garantice “condiciones dignas para las criaturas y para las trabajadoras”.