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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arrancaba la semana admitiendo que un Gobierno de coalición con Vox "sería malo para el país" y comprometiéndose a "evitarlo" si puede. Unas palabras que ahora suenan casi premonitorias. Diez meses después de que echara a andar, el primer Ejecutivo de PP y Vox en Castilla y León sigue metiendo en serios apuros a los populares inmersos en una campaña por ocupar el centro para atraer los votos de casi un millón de socialistas desencantados.
El anuncio del vicepresidente Juan García-Gallardo de que Castilla y León obligará a los sanitarios a ofrecer escuchar el latido del feto y una ecografía 4D a las mujeres que quieran abortar pone en peligro esa estrategia a 135 días de las elecciones clave de mayo y cuando todas la encuestas indican que al PP no le queda más remedio que sumar con Vox si quiere gobernar. Un episodio que pone en evidencia las enormes diferencias y dificultades de un hipotético Gobierno de coalición con los de Abascal.
Alertados ante el peligro de salir chamuscados Génova ha dado orden de apagar de inmediato el incendio e intentan desmarcarse. El Gobierno de Castilla y León dio garantías Génova de que no se cambiarían los protocolos respecto al aborto. Su flamante portavoz Borja Sémper advertía que el PP "no va a tragar" con la propuesta de Vox sobre el aborto. "No estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y el PP cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que consideramos que son equivocadas", aseguraba a primera hora de ayer.
La número dos del partido Cuca Gamarra tajante insistía después en que ni compartían la medida ni se iba a llevar a cabo. Aun así la incomodidad es evidente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se ha pronunciado y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, guarda públicamente silencio.
El Gobierno de Castilla y León amenaza con partirse en dos, con el Partido Popular y Vox enfrentados a cara de perro por el aborto. El PP regional se ha desmarcado de las medidas antiabortistas de la extrema derecha y subraya la "absoluta voluntariedad" para embarazadas y profesionales mientras que García-Gallardo y Santiago Abascal mantienen el pulso y aseguran que ese protocolo se va a aplicar inmediatamente.
"Ayer (por el jueves) no se aprobó formalmente nada. Se anunció por parte del vicepresidente, nada más", señalan a NIUS fuentes del PP de Castilla y León. El vicepresidente de Vox asegura en cambio que recuperar el latido fetal para disuadir a las mujeres que decidan abortar y el resto de medidas "pro-vida" se habían negociado y consensuado previamente con sus socios de coalición del PP.
Lo cierto es que Gallardo hizo el anuncio el jueves delante del consejero de economía y portavoz del Gobierno regional, el popular Carlos Fernández Carriedo, sin que este dijera ni una palabra en contra ni desautorizara al vicepresidente.
Fuentes del máximo nivel del Gobierno de Castilla y León consultadas por NIUS insisten en que las medidas son "inocuas" y que lo único que pretenden es ofrecer más servicios y más recursos a "todas las embarazadas", independientemente de si quieren abortar o no, y a los profesionales sanitarios. Informarán a los médicos de las medidas de Vox y dejarán a su criterio aplicarlas. Subrayan que en ningún momento se mencionan los términos 'provida' o aborto en el texto aprobado por el Consejo de Gobierno.
"Al vicepresidente Gallardo se le ha ido la pinza como siempre. Es muy dogmático cuando habla del tema del aborto", explican mientras le quitan hierro a la tensión que se vive en el Gobierno de coalición. "Las hemos tenido más gordas. Esta es una más". Mencionan cuando Gallardo llamó "imbécil" a su antecesor Francisco Igea o cuando se intentó cargar el diálogo social en vísperas de las elecciones andaluzas.
Recuerdan que la consejería de Sanidad está en manos del Partido Popular y que serán ellos los encargados de gestionar las medidas "para fomentar la natalidad" y no Vox. Advierte también a sus socios de que no se puede obligar a los médicos a ofrecer el latido fetal o hacer una ecografía 4D porque va en contra de la legislación vigente y que estos sólo las recomendarán a las mujeres embarazadas si lo consideran necesario.
El tema del aborto es tóxico para un Partido Popular que intenta alejarse todo lo que puede de ese campo minado. Doce años después el Tribunal Constitucional aún no ha resuelto el recurso del PP de Mariano Rajoy contra el aborto y en el que reclamaban cambiar la ley de plazos de 2010 para volver a la de supuestos de 1985. Algo que podría estallarle a Feijóo en plena campaña electoral.
Mientras el PP huye de un debate resbaladizo para ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mete de lleno en ese charco. Dispuesta a dar todas las batallas ideológicas y disputar el espacio a Vox, ayer denunciaba que a las mujeres jóvenes se les "hurta" información sobre el aborto y anunciaba la puesta en marcha de un teléfono a favor de la mujer embarazada.
En Génova son conscientes de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechará el resbalón del aborto en Castilla y León para resucitar la 'alarma antifascista' y desviar el foco de la ley del 'sólo sí es sí' o la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación pero aseguran que no les preocupa y que no son más que cortinas de humo. "La ley del 'sólo sí es sí' ha sacado a 150 agresores sexuales a la calle. Que me digan a cuántas mujeres se les van a recortar derechos en Castilla y León", retaba ayer un barón popular.