La advertencia de Nadia Calviño al Gobierno sobre prorrogar los presupuestos y sus riesgos

Una de las posibles consecuencias de la disputa entre el Gobierno y Junts es el riesgo de que no salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado. Es la siguiente gran negociación del Ejecutivo, la ley más importante, la que vertebra sus políticas, su acción legislativa. Según la ministra de Hacienda, las cuentas públicas se pueden prorrogar.

Pero hoy, la ex ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado otra derivada: que para seguir recibiendo los fondos europeos, es importante tener aprobados los Presupuestos de 2024. El aviso es toda una alerta. "Entre 2021 y 2023 han servido para canalizar las transferencias y ahora en una segunda fase los presupuestos determinan el marco para poder desplegar esos préstamos", ha señalado.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que la institución ha puesto en marcha "todos los trámites necesarios" para poder desplegar un primer tramo por importe de 3.600 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica, recogido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Estamos trabajando muy estrechamente con la Comisión Europea y con el Gobierno de España para que cuanto antes se pueda empezar este despliegue, que prevemos que se produzca en el curso del año", ha avanzado la exvicepresidenta del Gobierno en una rueda de prensa en Madrid para presentar los datos del Grupo BEI en España.

La adenda al Plan de Recuperación Recuperación y Resiliencia recoge la creación del Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las comunidades autónomas, que será gestionado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Estas inversiones podrán ser realizadas por empresas privadas y públicas de todas las comunidades autónomas en los sectores de vivienda social y asequible y regeneración urbana; transporte sostenible; competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo innovación; turismo sostenible; economía de los cuidados y gestión de aguas y residuos y transición energética.

Calviño ha incidido en la gobernanza de este Fondo, en el que participarán las comunidades autónomas. Desde el BEI, la presidenta ha asegurado que la institución participará y ayudará a cualquier mecanismo de gobernanza que se defina por parte del Gobierno de España, que es quien tiene que liderar el proceso en cuanto al despliegue en el ámbito nacional y la gobernanza.

Se trata de un mecanismo novedoso, según Calviño, que implica a cuatro instituciones: el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, por lo que hay que articular una serie de acuerdos y de procesos para que se pueda poner en marcha. "Estos procesos se han venido despegando y estamos todos trabajando y colaborando para que sea posible cuanto antes", ha subrayado.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este miércoles que la voluntad del Ejecutivo sigue siendo la de aprobar unas nuevas cuentas públicas para 2024. La ministra ha recordado que los Presupuestos de 2023 ya están prorrogados para 2024. "Tenemos nuestras cuentas en vigor y la voluntad de este Gobierno es aprobar unas nuevas cuentas públicas", ha señalado.

Preguntada por si el 'no' de Junts a la Ley de Amnistía complica aún más la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, Montero ha respondido que "cada cosa tiene su momento" y que ni siquiera han transcurrido 12 horas desde la votación de ayer a la Ley de Amnistía. "Cada cosa a su tiempo. Tenemos que dejar que las cosas se asienten. La velocidad política va a un ritmo que muchas veces cuesta saber cómo se va a adaptar el siguiente movimiento, vamos a esperar un poco. Nuestra voluntad es de diálogo, siempre lo ha sido así y por tanto estamos dispuestos a seguir trabajando como veníamos haciéndolo para aprobar esas cuentas públicas", confesaba.

Los Presupuestos de 2023 ya están prorrogados desde el 1 de enero, después de que el último Consejo de Ministros del pasado año estableciera los criterios de aplicación de esa prórroga conforme a lo contemplado en la Constitución respecto a la continuidad automática de las cuentas del Estado en ausencia de unas nuevas.

Aunque el proceso para la elaboración de los Presupuestos de 2024 ya está en marcha, las dificultades que se está encontrado el Gobierno de coalición para legislar ponen el foco político en la posibilidad de que las cuentas se mantengan así: prorrogadas más tiempo del inicialmente previsto.

No sería la primera vez. Anteriormente los presupuestos se han prorrogado en 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019 y 2020, con lo que la de 2024 sería la novena prórroga. Además, las cuentas de 2018, elaboradas por el Gobierno del PP y aprobadas ya con el PSOE en el poder tras la moción de censura, se prorrogaron dos años consecutivos, algo que no había ocurrido nunca hasta entonces.

El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a elaborar y presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto presupuestario para 2019, pero fue rechazado en la fase de vetos, lo que condujo a las elecciones generales de abril, que luego se repitieron en noviembre ante la imposibilidad de formar Gobierno.

En esta situación, la doble cita electoral provocó la segunda e inédita prórroga de los presupuestos de 2018, los más longevos de la historia reciente.

Una vez en el poder, el primer ejecutivo de coalición PSOE-Podemos tenía intención de presentar presupuestos a principios de 2020, pero la pandemia de covid-19 retrasó esos planes.

Tras la crisis sanitaria se han aprobado tres presupuestos, los de 2021, 2022 y 2023.

Hasta ahora, los presupuestos se han prorrogado en situaciones de interinidad política a la espera de la celebración de elecciones generales.

En dos ocasiones (1995 y 2019) la convocatoria de elecciones anticipadas fue consecuencia del rechazo por parte del Congreso de las cuentas del Estado, situación en la que se da por acabada la legislatura para el Gobierno de turno.

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