Dos presuntos testaferros, investigados en la causa en la que la Audiencia Nacional indaga en un posible fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que habría participado Víctor de Aldama --presunto conseguidor del 'caso Koldo'--, se han acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el instructor Santiago Pedraz. Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que detallan que ambos, Juan Manuel Rodríguez y José Fernández, han comparecido por videoconferencia.

Los dos aparecen en diferentes atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con la suministradora Espaeventos SL. Según la Benemérita, la operadora mayorista de productos petrolíferos Villafuel SL --que sitúan en el epicentro de la trama-- interpuso a Espaeventos SL "para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente".

Además, apunta la UCO que Espaeventos era utilizada por la presunta organización criminal "para canalizar el importe defraudado a Portugal", como ocurrió con otras mercantiles pantalla.

Sobre Juan Manuel Rodríguez, la UCO indica que era administrador único de esa sociedad desde el 11 de enero de 2023 hasta la actualidad. Y sobre José Fernández, señala que fue el fundador de Espaeventos SL junto al otro testaferro. "Fernández desarrolla funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal", afirma.

Sobre esa suministradora, se apunta en la investigación que era "una sociedad instrumental utilizada para perfeccionar el fraude". Esto, explica la UCO, se sustenta en indicios tales como que era una sociedad con un capital social de 3.000 euros, de reciente creación, que pasó de la inactividad a realizar operaciones de compra a Villafuel SL de noviembre a diciembre de 2023, por un total de 56,9 millones de euros.

Destaca, asimismo, que la mercantil financió las ventas a pérdidas en beneficio de la operadora Villafuel SL por importe de 7,6 millones de euros "siendo un modelo de negocio inviable, dado que estaría financiándose con el IVA defraudado que ha cobrado de los clientes finales".

Recuerda que en ese periodo de tiempo se cuantificó un presunto fraude fiscal de 11,9 millones de euros, y que "no existe su sede social física o, al menos, no en el lugar que declara como domicilio social".

A esto suma que Espaeventos SL actuó como suministradora de noviembre a diciembre de 2023, sucediendo así en la operativa defraudatoria a otras pantallas tales como Casmar Hidrocarburos SL, Obaoil 3000 SL y a Carburantes Jalón Plaza SL.

Añaden esos atestados de la UCO que la mercantil ha generado, en virtud de ese comercio con Villafuel SL, "una millonaria deuda con el Tesoro" y destacan la deslocalización de los fondos de procedencia delictiva, destinando la cantidad de 2,1 millones de euros a Portugal.

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