El Defensor del Pueblo ya avisó de fallos en las pulseras telemáticas en 2018, cuando gobernaba Rajoy y no se han resuelto

El PP ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por el mal funcionamiento de las pulseras telemáticas. El Defensor del Pueblo, sin embargo, señala que los fallos en los dispositivos se remontan al año 2018, cuando gobernaba el Partido Popular. Las incidencias han seguido sin solución desde entonces y hasta ahora, con el Gobierno del PSOE, según confirma del informe de la institución de 2019, consultado por Europa Press. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha advertido al Ministerio de Igualdad de los problemas técnicos en las pulseras para maltratadores en dos ocasiones a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 8 enero y el 21 de febrero de este año.

El entonces Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, señalaba que "en una actuación de oficio de abril de 2018, solicitó al entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (al frente del cual se encontraba la ahora eurodiputada popular, Dolors Montserrat) información sobre el funcionamiento de las pulseras de control".

Según Fernández Marugán, "a través de las quejas de las víctimas", la institución tuvo conocimiento de que la tecnología que utilizaban los dispositivos de teledetección generaba "numerosos fallos y falsas alarmas que perjudicaban aún más la vida de las víctimas".

"El sistema debía facilitar información sobre las incidencias por mal funcionamiento, pero su gestión estaba siendo entonces objeto de concurso público para determinar la adjudicataria que debía hacerse cargo del servicio por lo que no se atendían con la debida celeridad los informes de incidencias que el propio sistema generaba", alertó el Defensor del Pueblo.

Según la institución, a finales de 2018 --cuando ya gobernaba el PSOE--, se adjudicó el servicio que pretendía garantizar la "continuidad y perfeccionamiento de las pulseras", y la aplicación del 'Protocolo de Actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género', de 2013.

Si bien, el Defensor del Pueblo señala que una nueva víctima y usuaria de las pulseras denunció que el funcionamiento de los dispositivos seguía siendo "deficiente" y se acordó una ampliación de actuaciones.

Los inconvenientes, según precisa Fernández Marugán en su informe, estaban causados por "problemas técnicos". En concreto, el mal funcionamiento de la pulsera provocaba que el dispositivo generara "falsas alarmas cuando salía de cobertura" y "no era posible discriminar si era por problemas técnicos o si el maltratador estaba quebrantando el alejamiento". Como consecuencia, el Centro COMETA advertía del peligro a la víctima y activaba los protocolos de emergencia con la Policía Nacional.

El Defensor del Pueblo añade que, en mayo de 2019, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó de que, en virtud del nuevo contrato, los equipos de dispositivos instalados a partir de la firma de este eran equipos con tecnología 3G y que se habían sustituido los instalados anteriormente.

Las quejas y recomendaciones que repite el informe del Defensor del Pueblo en 2024 y 2025

El último informe del Defensor del Pueblo, correspondiente al año 2024 y publicado en 2025, ya con Ángel Gabilondo al frente de la institución, se recogen quejas sobre problemas en los procesos de ejecución de sentencias de condenados por violencia de género y formula recomendaciones para solucionar los "problemas de coordinación" en la atención a las víctimas.

La institución cita el caso de un hombre condenado por sentencia firme por delitos muy graves de violencia de género, que había sido excarcelado y al que habían retirado la pulsera de control, "sin que durante los más de siete meses que estuvo excarcelado, y sin control telemático, se avisara a las víctimas, ni se adoptasen medidas complementarias de protección".

Lla exmujer y sus hijas "mantuvieron en todo momento una buena comunicación" con las oficinas de los juzgados competentes, y estas con la policía, para garantizar que el agresor "no se acercara a menos de 100 kilómetros" de la residencia de las víctimas, señala que, cuando fue trasladado al País Vasco se interrumpió la comunicación y dejaron de tener información sobre su situación penitenciaria.

Ante este caso, el Defensor del Pueblo formuló recomendaciones a la Consejería de Justicia y derechos humanos del Gobierno Vasco, al Consejo General del Poder Judicial, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Bilbao y a la Secretaría de Estado de Justicia, "dirigidas a mejorar los sistemas de comunicación entre los juzgados y las víctimas, garantizar el ejercicio de sus derechos como partes y revisar los protocolos y manuales de gestión aplicables en estos casos, garantizando la coordinación entre administraciones".

Según informa la institución, el Gobierno Vasco aceptó las recomendaciones, incluyendo la modificación del protocolo penitenciario de marzo de 2022, para que la Administración penitenciaria vasca "comunique la información sobre los penados a las víctimas, incluyendo la referente a dispositivos telemáticos".

Las quejas de órganos judiciales andaluces de incidencias y fallos en los dispositivos, así como la manipulación de las pulseras, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, llevaron que que el CGPJ advirtiera a Igualdad, según confirman fuentes jurídicas.

De estos problemas en las pulseras advirtieron también en marzo las Audiencias provinciales, que en las conclusiones de unas jornadas celebradas en Las Palmas alertaron de "fallos técnicos" en los dispositivos por "localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados".

Los fallos técnicos en las pulseras telemáticas impidieron probar el quebrantamiento de penas de alejamiento

Los presidentes de las Audiencias provinciales pidieron corregir las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, así como aumentar la plantilla de técnicos del centro Cometa ante las dilaciones para colocar las pulseras desde que estas se imponían a través de una resolución judicial.

Estos avisos han trascendido tras la polémica abierta después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento, por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024.

Estos problemas, detectados tras cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras (de Telefónica a Vodafone), condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.

Tanto la Fiscalía como el Ministerio de Igualdad han asegurado que este problema se solucionó a finales de 2024 y solo afectó a algunos procedimientos judiciales -la mayoría de los cuales ya se han reabierto-, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas nunca quedaron desprotegidas.