El juez prorroga el 'caso Montoro' hasta enero de 2026 para interrogar al exministro y al resto de investigados
El juez recuerda que se trata de una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama.
Los investigadores del 'caso Montoro' sospechan que una red de empresas pantalla ocultaba pagos incluso fuera de España
El juez del 'caso Montoro' ha acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero de 2026 para poder tomar declaración a "todos los investigados", incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro entre una treintena de personas. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, el juez Rubén Rus, precisa que también tiene pendiente recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria.
El exministro Cristóbal Montoro jugó, según el juez que investiga el caso, un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder.
Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP, este pasado jueves, al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Los investigados podrán solicitar diligencias de instrucción
El instructor explica que dado el estado de la investigación es necesario ampliar el plazo de instrucción seis meses más. "De no hacerlo, se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción", apunta.
De igual forma, señala que "es previsible" que del contenido de las declaraciones de los investigados surja "la necesidad de acordar nuevas diligencias de instrucción que en este momento no pueden ser acordadas" al no saber qué declararán los imputados.
El juez recuerda que se trata de una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".
De esta forma, según el instructor, los nombramientos efectuados por Montoro en su Ministerio -la mayoría de ellos también figuran entre los investigados-, asegurarían que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas en las que querían influir "quedase vinculado al despacho".
El magistrado apunta a la existencia de una "trama u organización" en la que muchos de sus miembros desempeñaban "cargos al más alto nivel en el Gobierno, Administración Central y Autonómica", desde donde fueron creando una "red de influencias" cuyo último fin era el "enriquecimiento personal a costa de la función pública".
"A cambio de cuantiosos pagos, con abuso del ejercicio de la función pública, intervienen decisivamente en reformas legislativas de favor, generando para sus clientes ventajas fiscales a cargo del erario público", remarca.
La "artimaña" de contratar a Equipo Económico
Pese a que la investigación se centró inicialmente en el pago a Equipo Económico de 779.705 euros entre 2011 y 2019 por parte de las gasistas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), el juez sospecha que la trama podría haber actuado igual con empresas de otros sectores, como el energético, la construcción o el juego.
En concreto, según apuntan los Mossos d'Esquadra en un informe, la investigación ha permitido identificar una "pluralidad de sectores de la actividad económica y empresarial" que habría recurrido a la "artimaña" de contratar a Equipo Económico "para conseguir cambios normativos que beneficiasen sus cuentas de resultados".
La actividad que realizaba Equipo Económico, según los Mossos, "excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá", ya que se "aprovecharon" de la "estrecha colaboración" con miembros del Gobierno que formaban parte del Consejo de Ministros y participaban en la iniciativa legislativa y la aprobación de normas con rango de ley.
"También se valdrían de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del Estado. Así, el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios", sostienen los Mossos.
La Policía autonómica catalana ha acreditado pagos a Equipo Económico por parte de Red Eléctrica Española, entre 2010 y 2015, por valor de 1,3 millones de euros; de Ferrovial, entre 2012 y 2014, por 293.424 euros; de Abengoa, entre 2009 y 2015, por 3,9 millones; y de Madrid Network, entre 2008 y 2011, por 1,8 millones.
En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
