José Luis Rodríguez Zapatero y su imputación en el caso Plus Ultra: ¿qué delitos se investigan?
José Luis Calama , juez de la Audiencia Nacional, le ha citado a declarar el próximo 2 de junio
Imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, en directo | El PSOE cierra filas con el expresidente y pide respeto a la justicia
MadridJosé Luis Rodríguez Zapatero está en el epicentro de la actualidad política y judicial después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya decidido imputarle en el caso ‘Plus Ultra’, lo que ha derivado hoy en distintos registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y tres mercantiles, siendo una de ellas la empresa de marketing de sus hijas, todo ello por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.
Citado a declarar el próximo 2 de junio, el juez pasa así a investigarlo en el marco de las diligencias y las pesquisas que indagan en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.
El caso Plus Ultra y la investigación por blanqueo de capitales y organización criminal
Fue el pasado mes de diciembre cuando el juez detuvo en el marco de la investigación al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional. Ahora, el magistrado ha dado un paso más en el proceso, que parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva.
Presentada contra siete personas, e inicialmente por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. En un auto, la Audiencia Nacional indicaba que la constituirían "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".
A ese respecto, según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".
“La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".
La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
De este modo, y de acuerdo con las tesis del Ministerio Público, existen serios indicios de que los fondos públicos inyectados no se destinaron a la viabilidad operativa de la aerolínea, sino que se desviaron consecutivamente para la devolución de supuestos contratos de préstamo concedidos a Plus Ultra por empresas pantalla en el extranjero.
Por todo ello, y según recoge el auto, el sumario del caso se incoa en términos genéricos por “apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”, si bien no todos ellos se atribuirían a José Luis Rodríguez Zapatero.
Los delitos de los que se acusa a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso plus Ultra
Los investigadores estrecharon el cerco sobre Zapatero a raíz del volcado de los dispositivos electrónicos de Julio Martínez Martínez, asesor y pagador de Plus Ultra. Las comunicaciones interceptadas por la UDEF entre ambos hicieron sospechar de la existencia de un engranaje diseñado específicamente para dar cobertura al blanqueo.
La causa examina así si los supuestos trabajos de "asesoría global" por los que Zapatero facturó cerca de 460.000 euros (casi medio millón) a la mercantil Análisis Relevante —propiedad de Martínez Martínez— entre los años 2020 y 2023 guardaban una relación directa con la obtención del rescate público para la aerolínea de capital venezolano. Además, se indaga el destino final de dichos fondos y los movimientos económicos de su entorno familiar más cercano, motivo por el cual se ha ordenado la inspección judicial de la firma de sus hijas (What the fav, empresa de marketing y comunicación), sospechosa de haber colaborado también con la citada consultora.
A este respecto, dado que José Luis Rodríguez Zapatero no ostentaba la condición de cargo público en el periodo concreto investigado, no se le atribuiría un delito de prevaricación, pero sí la de tráfico de influencia en sus gestiones en favor de Plus Ultra.
De igual modo, se le investigaría por delitos conexos al de la organización criminal sobre la que orbita la causa, entre los que estarían además de éste el de falsedad documental y blanqueo de capitales.
El PP carga contra el Gobierno tras la imputación de Zapatero: “Los capos de la trama empiezan a caer”
Mientras tanto, desde el PP señalan a una “gravedad extrema” al ser “Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales”, reclamando al Gobierno “dar explicaciones ya”, como ha señalado en redes sociales su portavoz Miguel Tellado, que ha asegurado que “los capos de la trama empiezan a caer” ya.
Por su parte, el exdirigente socialista ha negado públicamente de forma reiterada y durante todo este tiempo cualquier tipo de intercesión irregular en el rescate estatal a la aerolínea. En este sentido, el pasado mes de marzo, durante una comparecencia en el Senado, Zapatero admitió formalmente la relación comercial y la facturación de sus servicios profesionales de consultoría con el empresario investigado, pero rechazó categóricamente haber percibido comisiones ilegales o retribuciones derivadas de sus labores de mediación política en el país latinoamericano.