Pardo de Vera descarta irregularidades en obras investigadas del 'caso Koldo' y dice que amañarlas era imposible

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha rechazado la existencia de cualquier irregularidad en las obras investigadas en el marco del 'caso Koldo', asegurando que resulta imposible que las adjudicaciones fueran amañadas debido al elevado número de controles y de profesionales que participaron en cada uno de los procedimientos.

Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional, ha remitido al juez Ismael Moreno cinco informes en los que detalla las matrices técnicas de varios contratos bajo sospecha y defiende la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo durante su etapa al frente del administrador ferroviario.

Informes para defender la legalidad de las adjudicaciones

La exresponsable de Adif ha elaborado personalmente estos documentos en calidad de perito e ingeniera especializada en obra ferroviaria. En ellos sostiene que el análisis de los expedientes permite concluir que todas las actuaciones estuvieron sometidas a controles internos y externos suficientes para descartar cualquier actuación irregular.

"El análisis de la documentación del expediente permite concluir que las actuaciones examinadas estuvieron documentadas y sujetas a controles internos, colegiados, técnicos, jurídicos y de inspección, lo que permite descartar de plano cualquier tipo de irregularidad", sostiene en sus informes.

La investigación que dirige el magistrado Ismael Moreno se centra en presuntas irregularidades en contratos públicos y mantiene como investigados, entre otros, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a varios empresarios.

Entre 25 y 50 funcionarios en cada adjudicación

Según fuentes del entorno de Pardo de Vera, en cada uno de los procedimientos participaron entre 25 y 50 funcionarios de diferentes departamentos, mientras que las adjudicaciones fueron examinadas mediante más de un centenar de informes elaborados tanto por organismos de Adif como por entidades independientes.

Estas revisiones abarcaron aspectos de carácter técnico, jurídico, administrativo y económico, lo que, a juicio de la expresidenta, garantiza la transparencia y la trazabilidad de todo el proceso. Además, recuerda que durante su mandato impulsó un sistema destinado precisamente a reforzar la transparencia y el seguimiento de los contratos del gestor ferroviario.

Una trazabilidad "incompatible" con la corrupción

Pardo de Vera considera que el elevado número de mecanismos de supervisión existentes hace incompatible cualquier acusación de corrupción. En este sentido, sostiene que todos los pasos dados durante la tramitación de los contratos quedaron debidamente justificados y documentados, además de estar sometidos a numerosos controles internos y externos.

A su juicio, la participación de un amplio número de técnicos y órganos especializados demuestra que las licitaciones investigadas se desarrollaron conforme a la legalidad vigente. Asimismo, insiste en que su intervención en estos procesos fue únicamente de carácter orgánico y recuerda que decenas de funcionarios y distintos organismos participaron en las decisiones para garantizar la integridad de los procedimientos.

Contratos de Alta Velocidad en varias provincias

En los informes remitidos al magistrado, la expresidenta de Adif reconstruye detalladamente el proceso de adjudicación de diversos contratos de Alta Velocidad otorgados a empresas como Acciona, Ferrovial, OPR y ASCH.

Las actuaciones analizadas corresponden a proyectos desarrollados en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Almería, Murcia, Asturias y Lugo. Pardo de Vera explica qué órganos intervinieron en cada expediente, qué informes fueron emitidos, qué mesas de contratación participaron, cuáles fueron los controles jurídicos y económicos aplicados y qué competencias correspondían a cada nivel de decisión.

Además, expone cuáles son, a su juicio, los nexos causales concretos que pueden atribuirse a determinadas personas dentro de los procedimientos investigados por la Audiencia Nacional.