El Congreso aprueba el dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
La reforma amplía derechos y prestaciones, reduce la burocracia y garantiza que el Estado financie al menos el 50 % del sistema de dependencia
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La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad ha dado un nuevo paso en su tramitación parlamentaria tras la aprobación este jueves del dictamen en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso. El texto introduce cambios para reducir la burocracia, ampliar prestaciones y servicios, eliminar incompatibilidades y reforzar los derechos de las personas dependientes y con discapacidad.
Los proyectos de ley llegarán al Pleno del Congreso el próximo 14 de julio para su votación definitiva, junto al decreto ley que contempla una inversión de 6.200 millones de euros entre 2025 y 2027 para reforzar la financiación del sistema de dependencia.
PP y Vox votan en contra
La aprobación del dictamen ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y Junts, mientras que PP y Vox han sido los únicos grupos que han votado en contra.
Los populares justifican su rechazo por la falta de una memoria económica que garantice la financiación futura de las nuevas prestaciones.
El diputado del PP Enrique Belda ha acusado al Gobierno de utilizar a las personas con discapacidad para evitar dar explicaciones sobre la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado.
"Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que los 6.200 millones de euros previstos "no llegarán para pagar lo que se debe".
Por su parte, Vox también ha cuestionado la reforma al considerar que amplía derechos sin garantizar su financiación. La diputada Blanca Armario ha rechazado que pueda calificarse como una "reforma estructural" mientras no se resuelva el problema económico del sistema.
Menos burocracia y más derechos
Entre las principales novedades, la reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, garantiza la posibilidad de compatibilizar una prestación por dependencia con un empleo, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y adapta la legislación al artículo 49 de la Constitución.
Además, se simplifican los trámites administrativos al establecer el reconocimiento automático de un grado de discapacidad del 33 % para quienes ya tengan reconocida una situación oficial de dependencia.
El texto también amplía las prestaciones y los servicios, que dejarán de centrarse exclusivamente en los cuidados personales, y extiende la figura del cuidador más allá del ámbito familiar.
El Estado asumirá el 50 % de la financiación
Una de las enmiendas incorporadas durante el trámite en comisión establece que el Estado financie el 50 % del sistema de dependencia, un aspecto que hasta ahora no figuraba expresamente en la ley.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales consideran que esta modificación "blinda el sistema" al convertir ese compromiso financiero en una obligación legal.
El departamento también ha criticado las acusaciones de algunas comunidades gobernadas por el PP sobre una supuesta deuda estatal en materia de dependencia, calificándolas de "bulo" al recordar que ese porcentaje de financiación no estaba recogido en la normativa vigente.
Junts y PNV reclaman más garantías
Aunque Junts ha apoyado el dictamen, ha advertido de que su respaldo definitivo en el Pleno dependerá de que el Estado garantice de forma efectiva esa corresponsabilidad financiera del 50 %.
Su portavoz en la comisión, Pilar Calvo, ha denunciado que comunidades como Cataluña soportan desde hace años un importante esfuerzo económico al asumir entre el 70 % y el 80 % del coste, frente al 20 % o 30 % aportado por el Estado.
En la misma línea, la diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha recordado que su formación presentó inicialmente una enmienda a la totalidad por el "difícil encaje" competencial de la norma, aunque finalmente fue retirada tras el compromiso del Gobierno de respetar las competencias autonómicas.
Apoyo de los socios del Gobierno
Desde EH Bildu, la diputada Isabel Pozueta ha celebrado que la reforma avance hacia un sistema "compatible y flexible", capaz de adaptarse a la diversidad de necesidades de las personas dependientes.
En Podemos, Noemí Santana ha valorado los avances, aunque ha advertido de que todavía no queda garantizada la financiación suficiente para hacer efectivos todos los nuevos derechos.
Por su parte, el PSOE ha defendido que el proyecto se ha enriquecido durante la tramitación parlamentaria, mientras que Sumar ha asegurado que, tras dos décadas de funcionamiento del sistema, esta reforma permitirá iniciar "una nueva etapa, mejor financiada, más resiliente y más cercana", de la que podrán beneficiarse millones de personas y sus familias.
