El Supremo rechaza dar a Puigdemont el material intervenido el 1-O y avala su destrucción casi total
El alto tribunal avala destruir el material del 1-O y rechaza entregárselo a Puigdemont por su supuesto valor histórico
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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el que solicitaba que se le entregara el material intervenido durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 por su supuesto "valor histórico", y ha avalado su destrucción.
En un auto, la Sala de lo Penal confirma la autorización concedida a los Mossos d'Esquadra para destruir el material incautado, con la única condición de que se conserve al menos una muestra representativa de cada uno de los efectos.
Puigdemont alegaba un valor histórico
En su recurso, Puigdemont defendía que el material tenía un "valor testimonial, histórico y patrimonial" y solicitaba recibirlo en su condición de expresidente de la Generalitat.
Su intención, argumentaba, era custodiarlo y preservarlo como parte del "legado histórico, institucional y memorial de Cataluña". El alto tribunal considera que la petición carece de fundamento jurídico y recuerda que Puigdemont "no ostenta título dominical, legitimación patrimonial ni competencia pública" sobre el material intervenido.
Además, los magistrados sostienen que no existe motivo para conservar indefinidamente estos efectos en dependencias policiales, ya que ello solo contribuiría a su progresivo deterioro.
Se conservarán muestras del material
El Supremo subraya que la destrucción del material no impedirá futuras actuaciones judiciales, ya que deberán conservarse muestras representativas de todos los objetos incautados. De este modo, si fuera necesario examinarlos en otros procedimientos, seguirá existiendo material disponible para ello.
El auto desestima igualmente los recursos presentados por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva, quienes también se habían opuesto a la destrucción del material. En su resolución, los magistrados cuestionan que el material pueda considerarse un legado histórico o institucional.
De hecho, califican de "discutible y hasta sorprendente" que se le atribuyan connotaciones políticas, institucionales, históricas o patrimoniales, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos juzgados y la sentencia condenatoria dictada en la causa del procés.