Elecciones generales

Las propuestas de los partidos sobre inmigración en las elecciones generales

Inmigrantes atendidos por servicios de emergencia españoles.. Telecinco.es
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El 30 de junio, cuando se cerró el plazo, el Ministerio de Inclusión había registrado 1.174.978 solicitudes de regularización extraordinaria. La cifra duplicaba los 500.000 beneficiarios que se habían estimado al anunciar la medida, en enero. Pocas decisiones de la legislatura han dividido tanto a los partidos, y pocas llegan con tanta carga a una campaña. España tenía el 1 de julio de 2026 un récord de 49.801.559 habitantes, según el INE. De ellos, 7.437.543 tienen nacionalidad extranjera y 10.291.807 han nacido fuera del país. Sobre esa realidad, cada partido construye un relato distinto.

El proceso tiene un origen ciudadano. La Iniciativa Legislativa Popular impulsada por las organizaciones Por Un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global llegó al Congreso en abril de 2024 con más de 700.000 firmas. Finalmente, el Gobierno la aprobó por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, anunciado por Irene Montero en enero. El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, permitía solicitarla a quienes estuvieran en España antes de 2026 y acreditaran al menos cinco meses de permanencia continuada, siempre que no tuvieran antecedentes penales. Concede una autorización de residencia y trabajo por un año.

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PP: “inmigración ordenada” y regularización caso a caso

“Ordenar la inmigración” es uno de los doce puntos del contrato electoral de Alberto Núñez Feijóo. En marzo, el PP sacó adelante en el Congreso, con el apoyo de Vox, Junts y UPN, una moción que pedía al Gobierno que retirara la regularización por “carecer de requisitos” y “garantizar la expulsión de extranjeros que han cometido delitos graves o son reincidentes”.

Frente a la regularización general, Feijóo ha planteado una “regularización individual condicionada”, vetada a quien tenga “ningún tipo de antecedente”, incluidos los policiales. Es un punto discutido porque el Supremo y el Constitucional han rechazado expulsiones basadas solo en antecedentes policiales. El plan migratorio que el partido defendió en el Senado en 2025 añade otras medidas, como que quien llegue lo haga “con un contrato de trabajo o en búsqueda activa de empleo”, la “presencia plena de FRONTEX” contra las mafias, una autoridad única en materia migratoria en lugar de “cinco ministerios descoordinados” y vincular el ingreso mínimo vital a la búsqueda activa de empleo.+

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PSOE: derechos y Pacto Europeo

Pedro Sánchez defiende la regularización como una forma de integrar a quienes ya viven en el país. Tras el último Consejo Europeo, en octubre, lo resumió diciendo: “Reconociendo esos derechos, lo que se hace es anclar a esos migrantes”. Pide separar el control de fronteras de la situación de quienes ya están establecidos y reivindica el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Asegura además que España está entre los países con mejores resultados en retornos y rechazos en frontera. “Una cosa es el discurso, el bla, bla, bla, y otra cosa es la realidad de los datos”, replicó a sus críticos.

Vox: “remigración” y “prioridad nacional”

Santiago Abascal ha convertido la inmigración en el eje de su campaña, junto con la desregulación. Su propuesta de “remigración” consiste en “repatriar a quien entra ilegalmente, deportar al que delinque” y llevar a cabo “la remigración de quienes vienen a vivir de las ayudas sociales”. Abascal sostiene que no nace del “odio a los de fuera”, sino del “amor a los de dentro”. 

La “prioridad nacional” daría preferencia a los españoles en las ayudas sociales y al alquiler y en las plazas de guardería. En abril, Vox la llevó también a la sanidad con una moción para restringir la atención a las personas en situación irregular, salvo en caso de “urgencia vital”. La diputada Rocío de Meer advierte que los españoles “empezarán a ser minoría en su propio país” en 2044, una proyección que procede de un estudio interno del partido y no de las estimaciones oficiales del INE.

Frente Amplio: regularizar y reforzar las oficinas

La coalición que encabeza Ada Colau todavía no ha concretado su programa migratorio, pero sus integrantes respaldaron la regularización desde el principio. Yolanda Díaz calificó de “maravilloso” el acuerdo para aprobarla y defendió acabar con las “irregularidades sobrevenidas”, es decir, los casos de quienes pierden los papeles por la lentitud administrativa, reforzando el personal de las oficinas de extranjería. Desde los Comuns, Gerardo Pisarello acusó a PP y Vox de una competición “a ver quién es más clasista y más racista”.

Podemos: cerrar los CIE y derogar la ley

Podemos se atribuye el impulso decisivo de la regularización, a la que llama la “principal iniciativa social de la legislatura”. Reclama “el fin de los CIE”, los centros de internamiento de extranjeros, y que se acabe con las “redadas racistas”. Su documento político de 2025 iba más allá: derogar la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana, terminar con las devoluciones en caliente, sustituir Frontex por una agencia de salvamento y reconocer el derecho a voto de todos los migrantes.