Alquiler y elecciones generales: qué propone cada partido para regular los precios
La izquierda quiere prorrogar los contratos y castigar la acumulación de pisos. PP y Vox apuestan por más suelo, menos intervención y más garantías
Las propuestas de los partidos sobre inmigración en las elecciones generales
El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado unos días antes. El primero, que regulaba el alquiler de temporada y por habitaciones, prorrogaba dos años los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre, impedía a los fondos comprar viviendas hasta 2028 y alargaba la protección frente a los desahucios hasta 2030, cayó por 178 votos en contra y 172 a favor. Votaron en contra PP, Vox y Junts. El segundo, que preveía una prórroga automática de los contratos de alquiler, cayó por 184 votos contra 166, con la oposición añadida de PNV y Coalición Canaria. Tres días después, Pedro Sánchez convocaba elecciones.
La batalla no ha terminado. El 6 de octubre, el Gobierno volvió a aprobar los decretos con cambios. El primero, con la suspensión temporal de desahucios a personas vulnerables, ventajas fiscales y préstamos del ICO para la primera vivienda, ya está en vigor. El segundo se limita a la “prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler, salvo en determinadas circunstancias”. Ambos se votarán el 12 de noviembre en la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Congreso disuelto. Allí, PP, Vox y Junts suman 34 votos de 69. Si el PNV vota en contra de la prórroga, como se prevé, el resultado sería un empate a 34 y el texto decaería.
El punto de partida: precios en máximos
Los alquileres han moderado su subida, pero siguen en niveles muy altos. En septiembre, el precio medio se situó en 14,10 euros por metro cuadrado al mes, un 4,7 % menos que en el trimestre anterior, pero un 3 % más que un año antes, según Fotocasa. Madrid es la comunidad más cara, con 21,45 euros por metro cuadrado, seguida de Cataluña (19,67) y Baleares (19,59).
PSOE: prórroga de contratos y vivienda pública
Los socialistas han convertido los decretos en bandera de campaña. “La política de vivienda no tiene fecha de caducidad”, prometió Sánchez en su primer mitin, y aseguró que el próximo Parlamento y un Gobierno progresista “reforzarán y mantendrán” el real decreto. Su apuesta pasa también por ampliar el parque público de alquiler, con una empresa estatal de vivienda y el objetivo de que la vivienda pública supere el 6 % del total, apoyado en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. El partido defiende además incentivos fiscales para los propietarios que bajen o contengan las rentas.
PP: acabar con las zonas tensionadas
El PP propone lo contrario a la regulación de precios. Su plan incluye la “derogación de elementos de la Ley de Vivienda”, en concreto de “la declaración de las zonas tensionadas”, las áreas donde hoy se pueden limitar las rentas, y del índice de precios de referencia del alquiler que elabora el Ministerio. Promete, a cambio, “medidas para aportar mayor seguridad a los propietarios”, y deducciones fiscales para inquilinos y propietarios. Una “Ley Antiokupa” permitiría desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de entre 24 y 48 horas.
El grueso de su estrategia es aumentar la oferta: una nueva Ley del Suelo entre sus tres primeras normas, reducir “de 10 a 4 años” algunos trámites urbanísticos, con silencio administrativo positivo a los 90 días, y construir un millón de viviendas en cuatro años. Para los jóvenes, propone avales de “hasta el 100%” para la compra de la primera vivienda. Juan Bravo, su vicesecretario de Hacienda, defendió durante el debate de los decretos que hacían falta más vivienda pública y menos intervención.
Vox: más suelo y “prioridad nacional”
Vox sostiene que los precios bajarán cuando entre suelo nuevo en el mercado y cuando los propietarios recuperen la seguridad jurídica, no con más intervención. Propone liberalizar el suelo, bajar los impuestos y costes de compra y recuperar la deducción por vivienda habitual. Introduce además un elemento diferencial: la “prioridad nacional”, que daría preferencia a los españoles en las ayudas al alquiler. Durante el debate de los decretos, su diputado José María Figaredo afirmó que con esas medidas “nadie va a conseguir alquilar una vivienda”.
Frente Amplio: un impuesto contra la acumulación
La coalición que encabeza Ada Colau quiere intervenir el mercado de la vivienda. Defiende reforzar la protección de los inquilinos, alargar las prórrogas de los contratos y limitar los usos especulativos de las viviendas. Su propuesta estrella es un impuesto del 10 % anual sobre el valor de cada vivienda que no se alquile a precio asequible, de acuerdo con el índice estatal de referencia. Lo pagarían las empresas desde la primera vivienda y los particulares a partir de la cuarta, siempre que el valor conjunto de sus inmuebles supere los 800.000 euros. Según sus cálculos, permitiría sacar al mercado 213.840 viviendas. “Es un impuesto para que no salga a cuenta especular”, resumió Colau.
Podemos: regular los precios en el primer año
“Las casas son para vivir” es el primer eje de la campaña de Podemos, que sitúa entre sus prioridades para el primer año “la regulación del precio de la vivienda, especialmente de los alquileres”. Plantea más intervención sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos. Irene Montero ha defendido “la expropiación y el control de precios”: “Hay que limitar los precios de todo lo que necesitamos para vivir”.
