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622 días ha tardado la Fiscalía del Supremo en poner por escrito una decisión tomada hace muchos meses: archivar las investigaciones al rey emérito. Juan Carlos I no tiene cuentas pendientes con la justicia española y, aunque no estaba investigado por ningún tribunal, ahora puede volver a España sin temor a sentarse ante un juez. En unos casos la inviolabilidad, en otros la prescripción y en otros la falta de indicios le abren la puerta al regreso.
Eso sí, se da por hecho que tendrá que negociar el regreso con su hijo Felipe, no sólo para elegir el momento del retorno, sino también sus condiciones. Por ejemplo: ¿Dónde vivirá a partir de ahora?
Meses lleva sonando la noticia de que la voluntad de Juan Carlos I es regresar desde Abu Dabi a España cuanto antes, e incluso se barajó la posibilidad de que lo hiciera antes de que empezara este 2022. Finalmente, ni para Navidad, ni para su cumpleaños, en Reyes.
El rey emérito ha decidido esperar a que la Fiscalía le allanara el camino después de 18 meses entre sus amigos de Emiratos Árabes, en los que su presencia pública ha ido evolucionando: primero no se informó de su destino; después NIUS publicó su imagen en el aeropuerto de Abu Dabi; y más tarde se atrincheró en un hotel sin dejarse ver. De él se sabía a través de mensajes que trasladaba a sus amigos, pero ya a finales de 2021 hizo una aparición en un partido de tenis de Rafa Nadal con el que cenó aquella noche.
Su voluntad es clara y su abogado, Javier Sánchez Junco, ya ha anunciado que la próxima semana informará sobre las decisiones que tome el monarca abdicado. La que más interés despierta, la de su vuelta a España.
La inviolabilidad, la prescripción y la falta de indicios son las bases de los dos decretos que cierran tres investigaciones. Pero sin pasar por alto que, al regularizar el pago de impuestos por valor casi cuatro millones y medio de euros, hay delitos con el fisco que quedan anulados, pero también hubo evasión ante Hacienda.
100 páginas acumulan los decretos de archivo de las diligencias 40-2020 y 44-2020, finalmente firmado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, que tras la repentina muerte de su compañero Juan Ignacio Campos se puso al frente del equipo que ha llevado a cabo las pesquisas.
Los dos documentos justifican un final anunciado y una decisión tomada hace muchos meses, pero que se ha hecho esperar. De los decretos se ha hablado tanto como de la vuelta de Juan Carlos I, quizás porque los dos asuntos estaban estrechamente ligados.
Desde finales del año pasado, en todos los foros con fiscales del Supremo presentes, se hacía la misma pregunta: ¿Cuándo se cierra la investigación al rey emérito?, la respuesta siempre era incierta, pero acompañada de un "pronto".
Los datos fiscales de Juan Carlos I en poder de Suiza fueron el último fleco al que el Ministerio Público quiso esperar, aunque ya los conocía de viva voz gracias a una visita de sus compañeros suizos.
Primero Campos y después Luzón querían tenerlo todo bien atado para explicar una decisión a la que algunos como el portavoz de Podemos, Pablo Echenique respondían rápido, no sólo por el fondo, sino también por el momento elegido para comunicarlo: "en medio de la peor guerra en Europa en décadas".
Todo empezó en la Fiscalía Anticorrupción, que se puso manos a la obra para investigar 65 millones de euros que Juan Carlos I, había canalizado a través de la Fundación Lucum y que según él eran un regalo de su amigo saudí el rey Abdalá.
La posibilidad de que en realidad fuera una comisión por intermediar en la adjudicación de la concesión del II tramo del Ave a la Meca, hacia empresas españolas, le puso en el punto de mira de la Fiscalía Suiza y de la Española, que inició las diligencias ante una posible "corrupción en los negocios".
Los fiscales señalan en su escrito que no hay indicios de que fuera una comisión por su papel en la adjudicación y recuerdan que el pago de esos 64.884.405 euros fue en 2008, cuando Juan Carlos I aún era rey y por lo tanto inviolable ante la Ley.
También han barajado la posibilidad de un delito de "cohecho impropio pasivo" por ese ingreso y otro que le hizo el sultán de Barehin de 1.895.250 dólares en 2010. Pero ambos casos, volvemos a estar ante la inviolabilidad de Juan Carlos I en su época de reinado y además los fiscales añaden que de haberse cometido, el cohecho estaría prescrito.
La investigación se fue desdibujando ante la idea de la inviolabilidad, pero en noviembre de 2020 el panorama se tiñó de gris para el rey emérito. Salió a la luz que él y varios familiares, incluidos algunos nietos y la reina Sofía habían utilizado unas tarjetas de crédito cargadas a una cuenta de Nicolás Murga, su ayudante de Campo y nutridas con fondos de su amigo Allen Sanginés Krause, multimillonario mexicano.
El problema es que los hechos eran posteriores a la abdicación de Juan Carlos I en 2014 y eso sí le podía poner en dificultades judiciales.
El emérito supo esquivar la imputación regularizando más de medio millón de euros que había ocultado a Hacienda y que debería de haber abonado a través del impuesto de sucesiones y donaciones. La Fiscalía defiende que la regularización fue espontánea porque ellos no habían notificado diligencias en torno a esos pagos y da por zanjado el asunto más peliagudo para el rey emérito.
Y lo mismo ocurre con los regales que le hizo su primo Álvaro de Orleans en forma de aviones privados y otros lujos, a través de otra fundación, Zagatka. Juan Carlos I volvió a regularizar, esta vez ejercicios del IRPF por valor de casi cuatro millones de euros, y se quitó de encima otro frente abierto del que no se podía librar por la inviolabilidad.
El tercer caso nunca preocupó en la Casa Real. Era un fondo abierto en el paraíso fiscal de Jersey por su administrador, Manuel Prado y Colón de Carvajal, por si había que apoyar al entonces rey en caso de golpe inconstitucional.
En 2004, el fondo, con 14.923.604 euros pasó a manos del historiador Joaquín Romero Maura, al que la fiscalía señala como administrador de los fondos, descartando una vinculación de ese dinero con Juan Carlos I, entre 2004 y 2021.
Uno a uno la Fiscalía repasa en sus decretos movimientos bancarios en torno al rey para cerrar el caso sin ponerle ante el Tribunal Supremo, el que investigaría, o en su caso juzgaría, a Juan Carlos I de haberse tomado la decisión contraria.
Al rey emérito sí le queda una preocupación judicial, pero el calado es distinto. Corinna Larsen, su antigua pareja, está querellada contra él por hostigamiento a través del CNI. El procedimiento es civil, lo que supone que en principio ni siquiera tendría que asistir al juicio.
Además, el juez todavía no ha decidido si puede juzgar en Londres a un miembro de la Familia Real española. Su conclusión se espera también en breve.