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Maite García tiene 57 años y acaba de perder el trabajo con el que pensaba jubilarse. Llevaba más de dos décadas ejerciendo como monitora de gimnasia en su pueblo, Zaldívar, y todo iba bien hasta que de repente el ayuntamiento le exigió obtener el nivel B2 de Euskera para continuar ejerciendo. Maite no lo tenía porque hasta entonces no era obligatorio, pero eso no supuso un problema porque se apuntó a un euskaltegi y se mostró dispuesta a aprender el idioma.
Sin embargo, el ayuntamiento solo le dio un año de plazo para obtener el perfil, algo que desde el euskaltegi le advirtieron que “era imposible”. Advertencias que finalmente se convirtieron en realidad. Maite no consiguió sacarse el perfil de euskera a pesar de dedicar diez horas semanales a su estudio, y de compaginar su vida laboral y personal con el aprendizaje del idioma. El ayuntamiento cumplió su amenaza y dejó a Maite sin trabajo.
Todo comenzó con el cambio de legislatura municipal. Según Maite, con la gobernanza anterior no se le exigía un perfil de euskera pero se le pedía “que en la medida de lo posible hablase algo en euskera en las clases”. Con la llegada del PNV al poder, las cosas se pusieron más serias: “Me advirtieron que iban a sacar a licitación la plaza, y de la noche a la mañana me dijeron que tenía un año para sacarme el B2. Desde el ayuntamiento aseguraban que me veían capaz, pero los profesores decían que era imposible”. “Finalmente me dieron la patada injustamente, no me lo podía creer”, concluye Maite aún con la voz temblorosa.
“Es que el mundo se me ha venido encima, ¿ahora? ¿con 57 años? Después de estar un año esforzándome al máximo, dándolo todo, siendo optimista…”, lamenta Maite. Además comenta que lo considera una injusticia porque “la ley permite cuatro años para aprender el idioma a aquellos monitores de gimnasia que ya estén ejerciendo” y a ella el ayuntamiento le ha dado “solo un año”.
La plaza ha salido a licitación y se la ha quedado una empresa de Granada que contrata monitores. Según Maite, esta empresa ha tratado de proponer soluciones para poderla contratar a ella, pero el consistorio siempre ponía problemas: “He ofrecido soluciones, pero el ayuntamiento está constantemente poniendo trabas”.
El pueblo se ha volcado al completo con Maite, algo que para ella “es medicinal”. Los vecinos se han movilizado con el objetivo de ejercer presión, y para ello han colgado carteles y recogido firmas, pero también se han comprometido a no apuntarse a las clases municipales: “Hay un sentido de justicia universal, estoy super satisfecha porque la gente quiere que yo esté aquí”.
Maite tenía muy claro que quería finalizar su vida laboral ahí: “Yo siempre ensayaba cómo iba a despedirme de mis alumnas, e incluso me emocionaba pensando en la futura despedida con 61 años por mi jubilación”.
La monitora ha consultado a un abogado la posibilidad de recurrir, pero es imposible: “Lo que han hecho es legal, pero amoral”. Según ella, la esperanza reside en que la gente deje de acudir a las clases a modo de protesta.