Vivienda

El desorbitado precio de la vivienda expulsa a más de 11.000 bilbaínos que se mudan a otras ciudades

Una torre de pisos en construcción en Bilbao
Una torre de pisos en construcción en Bilbao.. Redacción Euskadi
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BilbaoEl pasado mes de abril, Bilbao solicitó al Gobierno Vasco ser declarada zona residencial tensionada, tras comprobar el esfuerzo que les supone a los bilbaínos costearse la vivienda en la Villa, así el diagnóstico elaborado apuntó a que los vecinos del ‘botxo’ deben destinar más del 30 por ciento de sus ingresos al coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos. Errenteria, en Guipúzcoa, se convirtió, a principios de 2025, en el primer municipio vasco en ser declarado zona tensionada de vivienda.

Los precios prohibitivos del metro cuadrado en la capital vizcaína y de los alquileres está provocando un goteo de personas que se mudan de ciudad y que, según los datos que maneja el Consistorio, ya puede calificarse de fuga. El Boletín Oficial del País Vasco, BOPV, publicó el pasado 30 de mayo el inicio de este procedimiento, que estaba previsto culminara en julio, aunque finalmente se atrasará hasta otoño.

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En el último lustro, no ha dejado de crecer la cifra de bilbaínos que se marchan para instalar su residencia en otros municipios de la provincia, del resto de Euskadi, del Estado e incluso, que se mudan al extranjero, en muchos casos, buscando lugares donde el coste de la vivienda no les suponga una carga tan pesada.

Medidas para frenar la fuga

Tras el diagnóstico realizado por el Ayuntamiento bilbaíno sobre el impacto del coste de la vivienda en las rentas de la población de Bilbao, se llegó a la conclusión de que más de 11.000 bilbaínos se han mudado a otra ciudad desde 2020, movidos muchos de ellos por el precio de la vivienda. “Las condiciones del mercado actual en el municipio generan dificultades a las unidades familiares para acceder a una vivienda” y, entre los factores que generan esas dificultades, están “los altos precios de los alquileres o la baja disponibilidad de viviendas vacías”, explican fuentes municipales.

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Con el mal diagnosticado, la ciudad vasca se enfoca en aplicar un tratamiento para mejorar el acceso a la vivienda de la población de Bilbao. En este sentido, el Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Acción que recoge acciones a llevar a lo largo de estos tres años, de 2025 a 2028.

  • Fomentar el alquiler asequible, creando más vivienda pública y movilizando la vivienda vacía.
  • Actuar sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana para alcanzar una mejora sustancial dentro del parque de viviendas, que amplíe el número de las existentes en el mercado, mejorando la calidad del parque actual, evitando los desequilibrios existentes en la oferta de vivienda y sus precios.
  • Desarrollar un sistema de prestaciones, ayudas al alquiler y protección de colectivos vulnerables, como las ayudas a la emancipación juvenil, el seguimiento y la coordinación de las ayudas al alquiler del Gobierno Vasco o la promoción del acceso a la vivienda para colectivos preferentes.
  • Regular las zonas de vivienda tensionadas, con acciones para el control de precios de alquiler y extensión de condiciones de los contratos, un plan de incentivos de rehabilitación a grandes tenedores para la movilización de vivienda vacía o un protocolo de asistencia a Comunidades de Propietarios para la limitación de actividades turísticas.
  • Impulsar un sistema de gobernanza y coordinación institucional entre el Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, así como otros organismos y servicios, Alokabide y Etxebide, para el seguimiento de las 40 acciones contenidas en el referido Plan de Acción.

Criterios a cumplir

En Euskadi, hay 32 municipios que cumplen, con al menos uno de los dos requisitos establecidos para ser declarados zonas tensionadas, al margen de las 13 localidades que ya han iniciado el procedimiento o que, como Errenteria ya han logrado la calificación.

Para declarar zona tensionada es necesario que se cumpla al menos uno de los dos criterios que establece la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. El primero es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. El segundo indica que los precios de la vivienda en la zona en cuestión hayan crecido un 3% más que el IPC registrado en la Comunidad Autónoma de referencia en los cinco años anteriores.

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