Las interminables obras de un ascensor obligan a una vizcaína a estar casi un año encerrada en casa y luego a mudarse: "Está siendo muy duro"

BilbaoHace justo un año, Rosa Martínez aprovechó un traslado en ambulancia para escapar de su vivienda donde llevaba 11 meses encerrada. “Salí y ya no he vuelto más”, lamenta esta vecina de Portugalete, de 54 años y que padece esclerosis múltiple. El responsable de su cautiverio es el mismo que, ahora le impide volver: el ascensor.

En su caso, al contrario de lo que le ocurre a Juan Enrique, un vizcaíno de la vecina localidad de Barakaldo al que sus vecinos le niegan la instalación del elevador, la comunidad de propietarios está de acuerdo en ponerlo, pero las obras no terminan nunca.

Cuando arrancaron las obras para instalar el elevador en su edificio de la calle Poeta Díez Gabiño, Rosa imagino que el ascensor le facilitaría mucho la vida para subir y bajar a diario de su vivienda, un quinto piso. Sin embargo, estaba a punto de comenzar un “infierno”. Al principio, bajaba a la calle con una banqueta y “me iba sentando en todos los descansillos” y guardaba una silla de ruedas plegable en el coche para poder moverse por el municipio vizcaíno.

Después llegó su confinamiento, durante casi un año completo, “sin salir para nada a la calle”, un encierro que "fue muy duro" y que le impidió, entre otras cosas, acudir a rehabilitación. “Me dejé completamente”, recuerda y adjudica su salvación a la psicóloga con la que mantenía sesiones por videollamada: “Si no es por ella, no se qué hubiera sido de mí”.

Tenía que escapar tras 11 meses de encierro

Tras 11 meses sin pisar la calle, Rosa supo que tenía que escapar. Portugalete no era una opción, porque los precios estaban disparados, así que se trasladó, junto a su pareja, a unos 60 kilómetros de allí, en un municipio de Cantabria. Ahora allí “puedo salir sola a la calle” pero necesita de ayuda para trasladarse a Portugalete si tiene que ir al médico o hacer cualquier trámite. Ella quiere regresar a su localidad y a su casa, “siento que estoy perdiéndolo todo, desde mi intimidad hasta mi vida social”, clama.

Los 10 meses iniciales, que les advirtieron que durarían las obras, se fueron ampliando, hasta que en enero de 2025 hubo que parar los trabajos de instalación. “El hueco está hecho, el ascensor está colocado, pero no funciona y hay que volver a empezar de cero la obra porque nada cumple con las medidas que exige la normativa”, protesta Rosa. Afrontar que una nueva empresa empiece de cero implica un nuevo desembolso económico que Rosa difícilmente puede asumir, “ya hemos puesto 20.000 euros cada vecino y un nuevo ascensor nos costaría por cabeza 35.000 euros más”. En este sentido, Rosa solicita a las administraciones que “las ayudas lleguen cuando hacen falta”.

La comunidad puso el caso en manos de un abogado, pero “a día de hoy a mí no me consta que se haya interpuesto una denuncia”, explica la afectada que sueña con que todo este embrollo se solucione para poder volver a su casa y retomar una vida interrumpida por la instalación de un ascensor.