Justicia indemnizará con 68.000 euros a una funcionaria que enfermó por la abusiva carga de trabajo en el País Vasco
La afectada se encargaba de materia civil, como familia e incapacidades y en penal, procedimientos abreviados y violencia de género
El médico de cabecera le recomendó coger la baja pero ella se resistió a cogerla para no empeorar el funcionamiento del juzgado
Una funcionara será indemnizada con 68.000 euros por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco por tener una abusiva sobrecarga de trabajo. Según informa 'El Correo', la trabajadora -además de sus funciones- debía asumir la formación de tres interinos, lo que le llevó a caer de baja un año por un "trastorno ansioso-depresivo".
Los jueces y letrados de la Administración de Justicia de este órgano judicial remitieron quejas por el mal funcionamiento y los retrasos en asuntos sensibles con presos tanto al Gobierno vasco, como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vitoria condena a la consejería por incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y le obliga a resarcirle por los daños y perjuicios. El juez ha rebajado la petición inicial de indemnización y la ha fijado en 68.000 euros, 18.800 por los daños personales derivados de la baja, y 49.200, por daño moral.
La mujer estaba "agotada física y mentalmente"
La afectada se encargaba de materia civil, como familia e incapacidades y en penal, procedimientos abreviados y violencia de género, además de la formación, supervisión y apoyo de sus compañeros. Una inspectora de trabajo visitó el juzgado y comprobó que el volumen de los asuntos pendientes había experimentado un ascenso significativo de hasta un 118%, con retrasos de tres o cuatro meses.
Durante la inspección, destacó "el bajo rendimiento" de una de ellas frente al "buen ritmo" de la denunciante. La mujer elevó una queja en la que confesaba que la situación le estaba afectando a nivel personal porque echaba muchas horas de más y "estaba agotada física y mentalmente". Le preocupaba la acumulación de asuntos pendientes, algunos con personas privadas de libertad, órdenes de protección de víctimas de maltrato y recursos, lo que empezó a afectarle al descanso y le provocó ansiedad.
Según su letrado, el médico de cabecera le recomendó coger la baja pero ella por "pundonor" se resistía. El 23 de septiembre de 2019 se incoaron expedientes disciplinarios a dos de las interinas por "su intencionada y dolosa indolencia, desidia y dejadez", por lo que no estarían "capacitadas para desempeñar funciones propias de gestora o tramitadora procesal". Pero al final no fueron sancionadas al archivarse los casos por falta de dolo.
Empezó un tratamiento médico por trastornos de sueño y ansiedad
La situación empeoró y la demandante empezó un tratamiento médico por trastornos de sueño y ansiedad derivados de "altos niveles de estrés, sobrecarga de trabajo y presiones jerárquicas". Estuvo en situación de incapacidad temporal durante un año, entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2022, debido a un cuadro ansioso.
La demandante, titulada en ingeniería técnica industrial y máster en investigación cibernética, trabajaba como funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde abril de 2017 y estaba destinada en el Servicio Común General de Bergara, en el cuerpo de Auxilio. Después, ocupó la plaza de tramitadora procesal y administrativa en la Unidad Procesal de Apoyo Directo al juzgado. Allí había cuatro puestos de trabajo, dos gestores y dos tramitadores, pero tres cesaron en junio de 2018 y fueron sustituidos por interinos sin experiencia.
Tanto la jueza como la secretaria judicial remitieron informes al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y al Departamento vasco de Justicia por "incidencias en el funcionamiento de la oficina judicial y solicitando medidas organizativas y de refuerzo".
"Ella misma contribuyó a su propio malestar al no seguir las indicaciones", según la Administración demandada
La Administración demandada recalcó que los interinos habían sido cubiertos por la bolsa de trabajo y que su "ineficacia" no podía justificar el incumplimiento de la legalidad. "Ella misma contribuyó a su propio malestar al no seguir las indicaciones facultativas", señaló. Pero la parte demandante alababa su "profesionalidad para no atascar la mesa" y empeorar el funcionamiento del juzgado. "La inacción no fue por falta de medios sino de voluntad", destacó.
La representación letrada de la mujer explicó que el 80% de los problemas de prevención de riesgos se solucionan con medidas organizativas, que en ningún momento se adoptaron en su caso.
