Lugo

Las Administraciones, responsables de la muerte de una mujer en la playa de Las Catedrales en 2018

Archivo.- Varios turistas paseando en el arenal de la Playa de las Catedrales de Ribadeo. Informativos Telecinco
  • En 2018, una turista de 24 años falleció en la playa de Las Catedrales a causa de un desprendimiento mientras observaba una de las cuevas

  • Por vía penal, la Justicia archivó la causa al no ver delito, la familia recurrió por vía administrativa y casi seis años después, la Audiencia Nacional ha estimado sus alegaciones

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Ribadeo, LugoLa Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Transición Ecológica, a la Xunta de Galicia y al Concello de Ribadeo, por su responsabilidad patrimonial en la muerte de una joven en 2018 tras caerle una piedra en la playa de las Catedrales . La sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional les impone el pago de una indemnización que asciende a 73.000 euros entre las Administraciones, además de a otras tres aseguradoras.

Durante la Semana Santa de 2018, una mujer de 24 años falleció en el conocido arenal de la Mariña lucense tras un desprendimiento mientras observaba las cuevas junto a su pareja. Una piedra de un tamaño considerable le cayó en la cabeza provocándole un traumatismo craneoencefálico que resultó mortal. En febrero de 2020, casi dos años después del trágico suceso, la Justicia archivó la causa por vía penal al no ver delito.

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La familia no cesó en su empeño de buscar responsabilidades al considerar en la demanda que se produjo una “inacción de las Administraciones públicas que permitieron la afluencia de numerosos visitantes al lugar, a pesar de que en días previos había pasado una borrasca y las lluvias aumentaban el riesgo de desprendimientos(...) no se había diseñado un plan de actuación para casos de inminente riesgo para las personas.” 

La señalización era escasa y se reforzó después del accidente

En la sentencia se recoge que en la misma mañana del fallecimiento de la joven, se produjeron hasta dos desprendimientos en zonas próximas al lugar de los hechos. Un testigo aseguró en las diligencias previas que alertó al personal de acceso y vigilancia, pero se “priorizó dar continuidad a la entrada de personas ante la gran afluencia de visitantes.”

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Las Administraciones rechazaron que el accidente tuviese relación con un mal funcionamiento de los servicios de los que son titulares. El Ministerio alegó que, aunque el suceso se produjo en la zona marítimo-terrestre, de titularidad estatal, las competencias en prevención y vigilancia de accidentes son del ayuntamiento. La Sala recalca según la Ley de Costas que "no se deduce en modo alguno una obligación exclusiva de la autoridad municipal en relación con la preservación de los riesgos derivados del desprendimiento de acantilados que bordean o respaldan la playa”.

Por parte de la Xunta de Galicia, el Tribunal considera que existe un plan de conservación aprobado por la administración autonómica al declarar la playa como monumento natural. En ese escrito “se menciona expresamente la seguridad de las personas” por tanto “no puede por ello la administración autonómica negar que tenga competencias para adoptar medidas para garantizar la seguridad de las personas que visitan el monumento natural.”

“No es exigible a las Administraciones prevenir todos los riesgos”

A pesar de considerar que tanto el Ministerio de Transición Ecológica, como la Xunta de Galicia y al Concello de Ribadeo, responsables patrimoniales del accidente, asume que “no es exigible a las Administraciones públicas prevenir todos los riesgos imaginables(...) especialmente la costa expuesta a una fuerte erosión” por ello estima parcialmente el recurso de la familia, que pedía 182.494,71 euros y finalmente será el 40%, 72.997,60 euros. En la citada sentencia cabe recurso de casación que deberá prepararse ante la Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.

Hasta 5.000 visitantes al día, esa es la cifra que puede recibir tanto en verano como en Semana Santa la playa de Las Catedrales, uno de los monumentos naturales más conocidos del norte de España. Desde el año 2015, la Xunta de Galicia regula las visitas al mencionado lugar para protegerlo y evitar la masificación.