Italia prohíbe el burka y el niqab en escuelas e impone multas de hasta 1.000 euros en caso de incumplimiento
La dirigente italiana ha defendido unas "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad"
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El Gobierno de Italia ha aprobado este jueves la prohibición del uso del burka y el niqab en los centros educativos, la obligatoriedad de realizar un curso gratuito de italiano para aquellos que no dominen el idioma y un tope de un 30% a la proporción de alumnos que no tengan la ciudadanía y no tengan una formación académica suficiente.
Así lo ha anunciado en sus redes sociales la primera ministra, Giorgia Meloni, a precisando que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros incluye además "más recursos para aprender nuestra lengua".
La dirigente italiana ha defendido unas "medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y ofreciendo a todos los alumnos las mismas oportunidades".
"Esta es la dirección que queremos seguir: una educación que integre sin renunciar a las normas, que apoye a quienes tienen más dificultades y que permita a todos partir desde el mismo punto", ha agregado.
El decreto prohíbe el uso de estos dos tipos de velo islámico --el burka cubre completamente el cuerpo y el rostro de la mujer, mientras que el niqab, aunque también es un velo integral, deja los ojos al descubierto-- y establece además multas de entre 200 y 1.000 euros para quienes las infrinjan, recayendo en los progenitores en caso de que la persona que lo lleva es menor de edad.
El mismo valor tienen las multas para quienes no acudan a un curso de italiano gratuito dirigido a aquellos que no dominan el idioma. El objetivo de la medida es hacer de él una "gran herramienta de integración", en palabras del ministro de Educación, Giuseppe Valditara.
4.000 clases con más del 30% de alumnos nacidos en el extranjero
De acuerdo a las informaciones de la agencia italiana ANSA, en la actualidad hay unas 34.000 clases con más del 30% de alumnos nacidos en el extranjero, algo a lo que el Gobierno de Meloni quiere poner fin, si bien el decreto recoge exenciones como el domicilio del alumno.
En todo caso, el tope del 30% se aplicará de distinta forma en función de si se trata de una escuela primaria o secundaria. Mientras en el primer caso, el nuevo criterio afecta a los estudiantes que no tengan ciudadanía italiana que no hayan nacido en Italia o que no hayan cursado al menos dos años de prescolar, en la secundaria se limita a aquellos estudiantes que no hayan completado satisfactoriamente al menos tres años de escolaridad.