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Tras casi 4.000 casos registrados por coronavirus en Estados Unidos, 63 fallecidos y decretada la emergencia nacional por Donald Trump con un anuncio de 50.000 millones de dólares para afrontar la situación, los estados y ciudades del país empiezan a tomar también medidas. Los colegios están cerrados desde ayer lunes, el teletrabajo aumenta en las empresas y ya se han ordenado en numerosos sitios el cierre de cines, teatros, restaurantes y gimnasios, que aún permanecían abiertos.
A nivel sanitario, aunque los test ya son accesibles y gratis, la población tendrá que pagar las visitas al médico, a las urgencias o el ingreso hospitalario Algunas de esas opciones pueden suponer miles de dólares a pesar de tener seguro médico. Y peor es la situación de los que ni siquiera tienen cobertura sanitaria, que es el caso de más de treinta millones de personas.
En este contexto, el país más poderoso del planeta afronta una campaña electoral en la que 330 millones de habitantes elegirán presidente para los próximos cuatro años. El trono se lo disputan tres septuagenarios de raza blanca, dos por el partido demócrata (que aún no ha decidido cuál será su representante) y otro por el partido republicano, actual inquilino de la Casa Blanca.
Pero una de las grandes diferencias entre republicanos y demócratas es la gestión sanitaria. De hecho, incluso entre los demócratas hay enormes diferencias sobre cómo afrontar la cuestión sanitaria. Como comentó Bernie Sanders ayer durante el debate con su contrincante demócrata Joe Biden, el coronavirus ha desvelado “la debilidad y disfuncionalidad médica” de Estados Unidos.
Y es que, si a partir de mañana las encuestas empezaran a revelar una curva de aumentos descontrolados de personas infectadas y de personas fallecidas a causa del COVID19, como es probable que ocurra, ¿qué capacidad de reacción tendría este país? Como apuntó Biden, siempre se podría “desplegar al ejército y su capacidad de construir hospitales” pero no deja de ser inquietante que ambos candidatos solo coincidieran en demandar a la casa Blanca más capacidad de acción.
Hasta el momento, aparte de las medidas anteriormente mencionadas y de las declaraciones del Presidente asegurando que se iba a ayudar a todo el mundo, de forma vaga y poco precisa, no se han anunciado medidas de contingencia sanitaria en caso de que el sistema se vea desbordado. Solo Anthony Fauci, director de Instituto nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, lanzó una advertencia alertando recientemente de que “lo peor está por venir, estamos un punto muy, muy crítico ahora”.
Imaginemos que en los próximos días la situación torna en algo parecido a lo que ya ha ocurrido en China, Corea del sur, España o Italia. Y que el número de casos empieza a desvelarse mucho mayor de lo que se pensaba. Además, la curva de Estados Unidos de contagio del virus, en lugar de seguir la trayectoria de los países asiáticos, sigue los pasos de España e Italia (como ya ha sido avanzado por un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina tropical de Londres).
Las personas con síntomas empezarían a solicitar pruebas de la enfermedad y, según fueran desvelándose más casos positivos, el número de ingresos hospitalarios iría aumentando. Tendríamos ahí dos escenarios. El de las personas que decidirían quedarse ingresadas, como se ha visto en el resto de los países, y el de los enfermos que, por no poder afrontar la factura, decidirían irse a sus casas. Algo inaudito en el resto del planeta.
Imaginemos la capacidad de contagio de esas miles de personas que tuvieron que irse a su casa a pasar la enfermedad, sin ningún tipo de control. Por no hablar de las características de una población que no está acostumbrada a actuar siguiendo la intervención del estado, como en China u otros países. En este sentido, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América sigue tan presente como cuando entró en vigor la primera vez en 1791. La vulneración del derecho de reunión pacífica chocaría con cualquier ley o recomendación que quisiera imponerse, por lo que el virus seguiría así un ritmo de infección difícil de gestionar.
Mientras, la población enferma que sí tiene posibilidad y disposición para ser tratada en los hospitales empieza a acudir a los mismos de forma masiva. La disfuncionalidad médica de la que hablaba Biden empieza a hacer su aparición. La mezcla de hospitales públicos y privados (6.000 en total) y, sobre todo, los complicados sistemas de gestión de dichas instalaciones sanitarias, desvela una difícil gestión de la crisis y de atención a tantos pacientes.
De forma paralela, las personas enfermas que han sido dadas de alta, y que a su vez han sido sustituidas por otros ciudadanos enfermos en los hospitales, empiezan a recibir las facturas de los ingresos hospitalarios. Miles y miles de dólares que muchos de ellos no podrán pagar. La situación de saturación de las instalaciones sanitarias, el virus sin control fuera de dichas instalaciones, las deudas de una parte de la población y el descontento generalizado a lo largo de varios meses empiezan a crear un clima de alarma como hacía mucho tiempo que no se veía.
Las apariciones del presidente del gobierno intentando llamar a la calma, intercalándose con las del candidato demócrata que siempre defendió un modelo sanitario diferente, parecen inclinar la balanza a favor de este último.
Según pasan los meses, se acercan las elecciones y se ven los efectos devastadores que la crisis que el COVID19 ha dejado en la vida de los ciudadanos (pérdida de puestos de trabajo, deudas millonarias por facturas sanitarias, miles de muertos y desencanto por promesas incumplidas), la opción del candidato demócrata gana enteros.
Llega el mes de noviembre, es el día después de las elecciones y EEUU se despierta con la noticia de un nuevo presidente que prometió un giro en la política sanitaria del país. Sanders, a la edad de 79 años, entra a la Casa Blanca aupado por el voto de los desesperados, supervivientes, migrantes y jóvenes que pensaron que otro modelo era posible.