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En contra de las conclusiones de la Organización Mundial de Salud, Donald Trump continúa culpando a China de crear el nuevo virus y permitir que se propagara provocando una crisis mundial. El mandatario norteamericano quiere castigar al país asiático, y parece que no está solo en su cruzada. En Estados Unidos hay ya 9 demandas contra China por ocultar la gravedad de la pandemia. Entre los demandantes se encuentra el fiscal general de Missouri, además de varios colectivos de pacientes y empresas castigados por el COVID-19.
Saundra Andriga vive en Madison (Wisconsin) y tiene 6 hijos. No fuma ni bebe alcohol, pero ya hemos visto que el coronavirus tampoco respeta a los que cuidan su salud, y esta mujer de 61 años también cayó en las redes del COVID-19. Estuvo 14 días en coma y conectada a un respirador artificial. Una pesadilla de la que, milagrosamente, salió viva y por la que ahora pide cuentas al culpable, según ella, China. ¨Siento que lo escondieron al mundo. Se interrumpió la vida de todos los estadounidenses. Creo que necesitamos corregir algunos de estos errores¨, ha explicado Saundra ya completamente recuperada.
Junto con Saundra, docenas de pacientes ya recuperados y empresas estadounidenses también han demandado al país asiático. Hay 9 acciones legales en marcha contra China y sin duda la más agresiva es la presentada por el abogado conservador Larry Klayman a través de su organización Freedom Watch y la empresa Buzz Photos.
Klayman culpa de esta pandemia al Partido Comunista Chino y le pide más de 18 billones de euros por su ¨temeraria e insensible indiferencia y por actos maliciosos¨, se lee en el escrito legal al que ha tenido acceso NIUS.
Klayman también demanda al instituto de virología de Wuhan y a su director, Shi Zhengli, ¨por crear el COVID-19¨. Añade un culpable más, la principal epidemióloga y viróloga del ejército chino, Chen Wei, quien ¨no solo lidera las respuestas de China en su actuación ante la epidemia del COVID-19, sino que también dirigió la creación del coronavirus como arma biológica para los militares de China¨.
La empresa Azalea Woods, que alquila apartamentos en Georgia, también ha emprendido acciones legales contra el gigante asiático. A su demanda se han unido varias empresas privadas del estado de Lousiana que acusan a China de pérdidas millonarias por encubrir la gravedad de la pandemia ¨contribuyendo a la expansión del virus por todo el mundo, incluyendo EE. UU.¨, señala el documento legal.
Otro de los demandantes es el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt. ¨El mes pasado¨, apunta Schmitt, ¨nos convertimos en el primer estado en presentar una demanda contra China, alegando su inacción y supresión de información durante los días más críticos a principios de 2020, que condujeron a la propagación del COVID-19 en todo el mundo¨.
Schmitt culpa a China de llevar a cabo una ¨campaña de engaño¨. Una acusación a la que se unirán muy pronto los estados de Mississippi y Carolina del Sur, ambos planean emprender acciones legales contra China por ¨engañar a la comunidad internacional¨.
Los expertos coinciden en que la hazaña no es fácil, pero siempre hay opciones. Los demandantes podrían encontrarse con una barrera legal importante, la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA). Una norma que proporciona inmunidad a los países extranjeros, incluidas sus agencias, dentro de los Estados Unidos, pero con algunas excepciones que serían demasiado complicadas de demostrar. ¨Las excepciones a la inmunidad son muy estrechas¨, explica a NIUS el abogado especializado en demandas colectivas, Robert E. Boone, ¨es probable que el gobierno chino ni siquiera tenga que responder en estos casos¨.
Por ejemplo, ¨varios demandantes en Florida han acusado al Partido Comunista Chino (PCC)¨, explica Boone, ¨porque afirman que no es una entidad gubernamental protegida por el FSIA, pero creo que al final el PCC elegirá disfrutar de inmunidad bajo el FSIA. Al fin y al cabo, China es una nación de un solo partido, el Partido Comunista es el gobierno chino¨.
¨Un país no puede demandar a otro país¨, nos contesta Tom Ginsburg, profesor de derecho internacional en la Universidad de Chicago. Además, tampoco sería fácil sentar a China en el banquillo de la Corte Penal Internacional porque ¨los estados implicados tendrían que acordar en qué Corte se celebra y China nunca estará de acuerdo con eso¨.
Diferente sería, explica Ginsburg, si la acusación es contra una ¨empresa privada que no dependa del estado¨, porque en este caso no hay ninguna ley que lo impida.