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La sombra de Trump es alargada. Un año después de que abandonara la Casa Blanca, tres generales retirados estadounidenses avisan de que hay indicios suficientes para temer una insurrección militar, tanto antes como después de las próximas elecciones presidenciales de 2024. A esta amenaza se une la división del ejército y la debilidad que ello supone, lo que podría ser un caramelo bien aprovechado para cualquier enemigo de los Estados Unidos.
El alarmante resultado final sería un conflicto civil, alimentado por las continuas declaraciones de varios miembros republicanos acerca de que las anteriores elecciones fueron fraudulentas, y que son respaldadas por al menos 124 ex altos mandos militares que han mostrado su apoyo al exmandatario, a través de una carta.
Todo esto no es el resultado de una tertulia de jubilados del ejército estadounidense ni responde a la predicción de un adivino televisivo en horario de programas de teletienda. Esta advertencia, bien documentada y acompañada de datos, ha sido firmada por tres ex generales del ejército de los Estados Unidos y publicada por el Washington Post en un articulo de opinión, el pasado 17 de diciembre.
En ella, Paul D. Eaton, Antonio M. Tagubam y Steven M. Anderson, todos ellos ex generales de división con más de 30 años de servicio, expresan su preocupación por el potencial “caos letal dentro de nuestro ejército, que pondría a todos los estadounidenses en riesgo severo” así como por las posibles “secuelas presidenciales de 2024”.
“Estamos helados hasta los huesos ante la idea de que un golpe (de estado) tenga éxito la próxima vez” debido a que las señales de ello “están ahí”, añaden en su carta. Y mencionan como pruebas que más de 1 de cada 10 acusados en el ataque al Capitolio del 6 de enero tenía un historial de servicio en el ejército y la publicación de una carta, por parte de 124 oficiales retirados, que respalda las acusaciones de fraude realizadas por Trump en las últimas elecciones.
Pero señalan con más preocupación aún el hecho de que Thomas Mancino, comandante general de la Guardia Nacional de Oklahoma, rechazara recientemente la orden de Biden, comandante en jefe de los Estados Unidos, para que todos los miembros de la Guardia Nacional fueran vacunados contra el covid.
Y es que un aumento de la desobediencia en la cadena de mando podría degenerar en una rebelión, división en los cuerpos de seguridad y en un “potencial caos” en la defensa de un sistema legalmente establecido. Mancino, además, afirmó que su comandante en jefe es el gobernador republicano de Oklahoma, restando autoridad al presidente Biden, algo que podría repetirse en otros estados.
En la carta firmada por los ex generales se detallan otros elementos que amenazan la democracia estadounidense, como el hecho de que más de 50 miembros de las fuerzas de orden público puedan ser procesadas por su participación en los disturbios del 6 de enero y la división acerca de las normas relacionadas con la lucha contra el Covid.
A ello se suman las revelaciones de Mark Meadows (jefe de gabinete en su momento de Trump) sobre la disposición de la Guardia Nacional para “proteger a las personas pro Trump” durante el asalto al Capitolio, según han revelado las investigaciones del comité de la Cámara de Representantes y la posibilidad, anunciada por algunos expertos, de que las elecciones de 2024 sean realizadas sin garantías, por personas puestas en el poder con ese fin.
Así, lo cree Richard L. Hansen, profesor de la Universidad de California y experto en derecho electoral. Una publicación suya de septiembre, recogida por el New York Times, señala cómo Estados Unidos “afronta un grave riesgo de que las elecciones presidenciales de 2024 y otras futuras elecciones estadounidenses no se lleven a cabo de manera justa y que los candidatos que asuman el cargo no reflejen las elecciones libres hechas por votantes elegibles, según las reglas previamente anunciadas”.
Y señala que, entre enero y junio de 2021, las legislaturas controladas por los republicanos aprobaron 24 leyes en 14 estados para aumentar su control sobre cómo llevar a cabo las elecciones y facilitar la revocación de resultados, lo que podría resultar en un golpe ejecutado por “abogados con trajes elegantes” y no por una turba de asaltantes.
Los ex generales firmantes de la carta enviada al Washington Post recomiendan no dejar pasar más tiempo y tratar de evitar otro levantamiento. Pero sobre todo sugieren que la justicia actúe sobre aquellos que han intentado revertir la legalidad. Por ello exhortan a actuar al Congreso, comité de la Cámara de Representantes que está investigando el asalto del 6 de enero, Departamento de Justicia, Pentágono y Departamento de Defensa.
Y piden no solo que se cumpla la ley si se determina que hubo delito, sino que se revise la reglamentación referente a situaciones de guerra, refuercen las unidades de mando de las fuerzas de seguridad y aumente el trabajo de inteligencia para identificar, aislar y eliminar a posibles conspiradores y divulgadores de información errónea.
También Hansen sugiere la actuación del Congreso para aprobar leyes que garanticen el derecho del voto, así como la protección de los administradores y funcionarios electorales en su ejercicio estatal de responsabilidades. Para ello hará falta la colaboración del Senado, que se juega su composición en las próximas elecciones intermedias, en noviembre del próximo año. Todo un desafío para un país que afronta un decisivo periodo entre 2022 y 2024.