Un segundo juzgado investiga a otros dos ex altos cargos de Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias en pandemia
Investigan al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza, y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa
En esta segunda causa también están investigados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo
Un Juzgado de Leganés (Madrid) ha abierto una segunda causa judicial contra varios exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia.
Según ha informado una de las querellantes, este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.
Las declaraciones están previstas para el 17 de junio.
El asesor de Ayuso en la pandemia, testigo
El mismo día testificará Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como “asesor principal” de Isabel Díaz Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid y las dos querellantes.
Este segundo procedimiento judicial del Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y, según ha explicado Marea de Residencias —uno de los querellantes—, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.
En el marco de dicho procedimiento, Marea de Residencias ha explicado que está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes, 3 de junio; entre ellos Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia.
Suspendidas las declaraciones de Mur y Martínez Peromingo
Esta causa se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Carlos Mur y Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.
Los abogados de los tres investigados solicitaron la suspensión de las declaraciones, previstas esta misma semana, al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.