El crimen de Almonte pendiente de que el Supremo redacte la sentencia de la posible repetición del juicio, se enreda ahora por esta nueva prueba que podría sentenciar el caso y que acaba de ser entregado en el juzgado de la Palma del Condado que lo instruyó.
El cuchillo ha estado guardado en una taquilla de la Policía Local de Almonte sin que nadie se ocupara de hacerle análisis de huellas y ADN para ver si fue el arma utilizado para dar 150 puñaladas a las dos víctimas, o para saber si lo empuñó el entonces acusado, Francisco Javier Medina, que podría volver a ser juzgado si el Supremo orden que se repita el juicio.
Los dos policías que lo encontraron a raíz de una llamada de teléfono de los vecinos, y que han entregado el arma, declaran ante la juez de la Palma del Condado que investigó los asesinatos. La magistrada ha previsto abrir una pieza separada para saber qué pasó realmente con esa prueba que podía haber sido clave para resolver unos crímenes que ahora mismo siguen sin culpable sentenciado. La hoja del cuchillo coincide con la descrita en los informes forenses tras el análisis de las heridas de las víctimas.
Hace una semana se desencadenó el enredo cuando los vecinos de Almonte pusieron sobre aviso al hermano de la víctima. Anibal no daba crédito a lo que escuchaba y decidió tirar del hilo para que el asunto llegara a oídos de la UCO. El grupo que había investigado los crímenes mandó un requerimiento al Ayuntamiento de Almonte. Los vecinos aseguraban que el hallazgo se había producido pocos meses antes de que se iniciara el juicio, en el año 2017.
El informe del consistorio llegaba a Madrid esta semana pero antes el Ayuntamiento decidió dar una rueda de prensa para “limpiarse” de responsabilidades. El argumento de la alcaldesa, la jefa de Policía Local y del concejal de Seguridad es que los agentes fueron avisados por un trabajador. Había sido extraído de la alcantarilla en cuyo fondo permanecía el arma hasta que fue divisada por el operario que realizaba labores de pintura en el Callejón de los Granados, a escasos metros del domicilio de Medina. Cuando llegaron los policías, los vecinos les dejaron una bolsa de plástico para guardarlo.
Según la versión del consistorio almonteño, los hechos no tuvieron lugar en 2017 si no un año antes, en 2016. Sorprendentemente los agentes locales, según esa versión, fueron al puesto de la Guardia Civil con el cuchillo pero nadie se hizo cargo del arma porque fue el guardia de puerta el que dijo que ahí no investigaban nada referente a un cuchillo. Según su versión con las mismas se marcharon y ya no dijeron nada a nadie. La respuesta del agente de la guardia civil es ilógica pero el Ayuntamiento insiste en su tesis y traslada a la Benemérita la responsabilidad sobre el cuchillo. En el informe dan datos concretos de las personas a las que se refieren y que según ellos tuvieron conocimiento del hallazgo.
Los argumentos de la Policía local han puesto en jaque a la Guardia Civil, pero también a la juez del caso que citaba a los policías para este viernes 14 de diciembre después de que los agentes aparecieran por sorpresa con el arma en cuestión. Cuesta creerlo pero el cuchillo seguía en la taquilla del agente de policía que lo había guardado, según él, desde el 2016.
Los análisis de huellas y ADN y de posibles restos de sangre determinarán tres años después si estamos ante el arma del crimen. El problema es que no servirá para imputar el crimen a nadie ni para reforzar la imputación de Medina si el juicio se repite. Porque obviamente durante este tiempo no se ha respetado la cadena de custodia.