El juicio contra los padres de la 'casa de los horrores' de Colmenar Viejo, Madrid, comenzará el 11 de enero de 2027
Está previsto que la vista oral arranque el 11 de enero de 2027 y se prolongue hasta el 24 de febrero del mismo año
El médico de la 'casa de los horrores' de Colmenar Viejo exigía a sus hijas "el nombre del varón que las había desvirgado"
La Audiencia Provincial de Madrid ya ha puesto fecha para el juicio contra el matrimonio de la 'casa de los horrores' de Colmenar Viejo acusados de maltratar física, psíquica y sexualmente a sus ocho hijos. Está previsto que la vista oral arranque el 11 de enero de 2027 y se prolongue hasta el 24 de febrero del mismo año, según informó El Periódico.
Hijos atados y adolescentes agredidas sexualmente
El padre, médico de profesión y trabajador del Hospital Gregorio Marañón, y su mujer, ama de casa, se enfrentan a penas que suman cientos de años de prisión por hechos que, de acuerdo con el citado diario, incluyen “malos tratos, vejaciones e incluso agresiones sexuales”.
Los menores fueron rescatados en marzo de 2023 por la Guardia Civil y desde entonces permanecen bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular. Sus testimonios grabados constituyen una parte esencial del procedimiento. El citado medio recoge que la acusación describe episodios de extrema violencia, como cuando el padre “ataba a uno de los niños al tiro de la escalera colocando cinta aislante en sus tobillos y lo dejaba así durante horas” mientras él acudía a trabajar al hospital. También relata castigos físicos reiterados, encierros prolongados en el sótano y el uso del hambre y la privación de sueño como forma de control.
El escrito de acusación de la Comunidad de Madrid coincide en lo sustancial con esta descripción. En él se solicita una condena de 225 años de prisión para el padre y 178 años para la madre por delitos de maltrato habitual, múltiples lesiones, trato degradante, detención ilegal, amenazas y diversas agresiones sexuales a menores de 16 años. La Fiscalía, por su parte, pedirá 130 años de cárcel para cada uno de los progenitores, mientras que las defensas —representadas por los abogados Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte— reclamarán la absolución.
La acusación autonómica sostiene que los hechos se desarrollaron durante años en el domicilio familiar, donde los menores habrían sido sometidos a un “clima de terror”. El documento describe castigos físicos con objetos contundentes, golpes en la cabeza, inmovilizaciones, amenazas de muerte y episodios de aislamiento extremo. T
Según El Periódico, las dos hijas mayores del matrimonio eran objeto las vejaciones sexuales continuadas. En septiembre de 2022 el hombre descubrió que las adolescentes habían creado un perfil en Discord, una plataforma de juegos en la que interactuaban con chicos de su edad y a partir de ese momento, según el diario, el padre las acusó sin fundamento de ver pornografía y de ser, en sus palabras, “putas mentirosas”.
Como represalia, el padre las obligó a ver vídeos pornográficos en sesiones nocturnas que él mismo programaba. Cuando las menores apartaban la mirada, denunciaron que él las golpeaba.
El control obsesivo del padre sobre la sexualidad de sus hijas se extendía también a su cuerpo ya que el médico practicó “exploraciones vaginales recurrentes” a las dos adolescentes, al menos en tres ocasiones cuando las obligaba a desnudarse, las tumbaba en el sofá del comedor y les introducía los dedos en la cavidad vaginal mientras las insultaba, llamándolas “putas” y exigiéndoles que le dijeran el nombre del supuesto varón que, según él, las había “desvirgado”.
El control llegaba incluso a aspectos íntimos como la depilación ya que el padre les prohibía depilarse y las examinaba para comprobar si obedecían. Cuando sospechaba que no lo hacían, las castigaba.
El impacto en los menores ha sido profundo. Según la Comunidad de Madrid, siete de los ocho hijos presentan secuelas psicológicas graves como ansiedad, depresión, baja autoestima, conductas autolesivas e incluso ideaciones suicidas. También se documentan lesiones físicas como cicatrices, brechas en la cabeza y daños dentales. La acusación solicita, además de las penas de prisión, medidas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, prohibiciones de aproximación y comunicación, y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de las condenas.