La defensa de un hombre de 80 años acusado de estafar 850.000 euros a una empresa naútica en Mallorca: "Esto parece una película de Torrente"
La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para el acusado por una presunta estafa a una empresa náutica de Can Picafort
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Una operación empresarial iniciada hace más de quince años ha llegado finalmente a los tribunales. La Audiencia Provincial de Palma ha juzgado a un hombre de 80 años, acusado de quedarse con 850.000 euros entregados por una empresa náutica de Can Picafort con la promesa de destinarlos a una inversión que, según sostiene la acusación, nunca llegó a materializarse.
El procesado, residente en Marbella, optó por no responder a las preguntas durante la vista oral, mientras que el empresario que denunció los hechos no pudo comparecer porque no fue localizado. La defensa aseguró que sobre él pesa una orden de busca por un presunto delito de insolvencia punible.
El dinero salió, pero se desconoce su destino
La única declaración practicada fue la de un consultor que colaboró profesionalmente con el acusado durante varios años y que afirmó conocer la operación económica. Según el medio 'Diario de Mallorca' el testigo confirmó que el empresario perjudicado entregó al procesado tres pagarés por un valor total de 850.000 euros y que el dinero fue cobrado posteriormente en una entidad bancaria de Madrid, sin embargo, reconoció que nunca supo qué ocurrió después con esa cantidad.
Durante su intervención explicó que, una vez ejecutado el cobro, comenzaron las dificultades para contactar con el acusado, según relató, el empresario intentó durante semanas obtener explicaciones sin éxito. El testigo aseguró que el denunciante confiaba plenamente en la capacidad empresarial del acusado y esperaba que la operación le permitiera recuperar el impulso de sus negocios tras la crisis económica.
También señaló que el octogenario transmitía una imagen de solvencia y mantenía abiertas distintas operaciones en Mallorca, entre ellas la posible adquisición de un inmueble o de un activo en Puerto Portals, aunque admitió desconocer si esos proyectos llegaron a concretarse.
Además, indicó que el acusado atravesaba una delicada situación económica y acumulaba importantes deudas, si bien insistió en que nunca participó directamente en la entrega de los pagarés.
Fiscalía y acusación discrepan sobre la pena
Finalizada la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal mantuvo su acusación por un presunto delito de estafa agravada, por el que solicita tres años y medio de prisión, una multa económica y que el acusado devuelva los 850.000 euros a la empresa perjudicada.
La acusación particular, por su parte, considera que el engaño quedó acreditado durante la instrucción y reclama una condena más severa: seis años de cárcel. Con la celebración de la vista oral, el procedimiento queda pendiente de sentencia. Será la Audiencia Provincial de Palma la que determine si existió un engaño suficiente para apreciar el delito de estafa o si la operación responde a un incumplimiento de carácter exclusivamente civil.
