El abogado de Julián, uno de los hermanos acusados del crimen de Francisca Cadenas, pide suspender la reconstrucción y denuncia a la cárcel
La reconstrucción del crimen está prevista para el próximo 14 de septiembre
La casa de los hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas: llena de suciedad, varios dientes y unas bragas robadas
El abogado de Julián, uno de los dos hermanos que se encuentran en prisión acusados de matar y descuartizar a Francisca Cadenas, ha denunciado a la prisión de Sevilla II y ha pedido al juez que suspenda la reconstrucción del crimen prevista para los próximos días.
Según recoge Prensa Ibérica, el letrado, José Duarte, asegura que desde la prisión se ha vulnerado "el derecho de defensa, al no permitir la comunicación entre presos preventivos y abogados defensores, a pesar de estar autorizados y tener constancia el centro penitenciario".
Denuncia contra la prisión
El abogado ha presentado una denuncia en la que argumenta que no ha podido preparar la reconstrucción con su cliente porque desde el centro penitenciario no le han permitido acceder y entrevistarse con él, algo que asegura también le ha pasado a la abogada del otro hermano acusado.
En el escrito, argumenta que "Teniendo señalada para el 14 de septiembre la práctica de diversas diligencias, entre otras la reconstrucción de los hechos, habíamos solicitado los pases a prisión con antelación suficiente al día 14, algo que el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz autorizó telemáticamente el pasado 28 de agosto. Mediante correo electrónico dirigido al centro penitenciario de Sevilla II avisamos de nuestra visita para el día siguiente, sábado 29, para confirmar que ese día los presos preventivos estarían en dicho centro. Al no obtener respuesta, decidimos no posponerlo para septiembre y nos desplazamos a Morón el siguiente día, el domingo 30", detalla.
Sin embargo, al acudir a la entrevista, "las funcionarias de comunicación manifestaron que los domingos no permiten las visitas de los abogados".
El letrado cree que se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente y pide penas de entre dos y seis años de inhabilitación para el funcionario que le negó el acceso a prisión.
Así, "desde luego, afrontar una diligencia judicial de reconstrucción de los hechos, en la que se requiere máxima colaboración y la conciliación con el ejercicio del derecho de defensa con ese obstáculo, por ahora insalvable, nos obliga por lealtad procesal a anticipar la petición de suspensión de dicha diligencia", concluye.
El juez rechaza suspender la reconstrucción
Según el citado medio, el juez ha rechazado suspender la reconstrucción, asegurando que las defensas "han dispuesto de tiempo que se estima prudencial para su preparación".
Además, añade que tampoco procede la suspensión debido a "la complejidad de organización del dispositivo policial propio de las citadas diligencias".