Dos años del asesinato de dos agentes en Barbate que evidenció el peligro del narcotráfico
Dos años después de aquel episodio, el juez de Barbate que investiga los hechos ha puesto fin a la instrucción del caso
Abren juicio con jurado por el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate
CádizEl puerto de Barbate (Cádiz) fue hace dos años, el 9 de febrero de 2024, escenario del asesinato de dos agentes de la Guardia Civil por el brutal impacto de una narcolancha que les embistió, un episodio que evidenció la violencia y soberbia con la que se conducen las redes de narcotráfico y la peligrosidad del trabajo de quienes luchan contra ella.
Los nombres de Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando (Cádiz) y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y de David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), los dos agentes que murieron aquel día, han quedado así grabados en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho.
Un jurado popular juzgará el caso
Dos años después de aquel episodio, el juez de Barbate que investiga los hechos ha puesto fin a la instrucción del caso en un auto en el que ordena la apertura de juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, el piloto de la narcolancha, y contra Yassine El Morabet, que viajaba con él en la embarcación.
Los otros dos tripulantes marroquíes que iban en la narcolancha con ellos serán juzgados en un procedimiento diferente porque el juez ha estimado que no hay pruebas de que participaran en la maniobra de ataque a los agentes y sólo se les puede acusar de contrabando, por estar en una embarcación prohibida, según fuentes jurídicas.
Delitos por los son juzgados
En el auto, el juez acusa El Baqqaly de dos asesinatos consumados y cuatro en tentativa, por los cuatro agentes que viajaban en la lancha con los fallecidos, y a El Morabet, de seis delitos de atentado agravado porque enfocó con un puntero láser en varias ocasiones a los guardias civiles "para reducir su visión" y por tanto, su capacidad de defensa y reacción" antes de la colisión.
También explica que de la instrucción practicada se desprende que los hechos sucedieron entre las 20:20 y las 20:29 cuando seis agentes acudieron a las aguas del puerto de Barbate a comprobar la presencia de seis narcolanchas que se habían refugiado del temporal.
El Baqqaly patroneaba una de ellas, una semirrígida de 14 metros de eslora provista de cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital y en la que viajaban los otros tres tripulantes.
El Baqqaly, relata el auto, realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zodiac de la Guardia Civil y después "se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes a gran velocidad y sin desviar la trayectoria para, finalmente, colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial".
Lo hizo, añade, "con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban, y con conocimiento pleno de la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones".
Además conociendo "la condición de agentes de la autoridad" de las víctimas y "sus escasas posibilidades de defenderse del ataque".
Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo murieron en el acto y sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psíquicas.
La Fiscalía ha cuantificado las responsabilidades pecuniarias del El Baqqaly por las muertes de los dos agentes y las lesiones físicas de los agentes supervivientes en 2.500.000 euros, cantidad a la que deberá añadirse la de los daños en la embarcación de la Guardia Civil y las derivadas del lucro cesante y los daños de carácter psíquico de los supervivientes.
Por ello el juez ordena que El Baqqaly, el único que continúa en prisión, pague 3.300.000 euros.
El Baqqali, de 32 años y nacionalidad marroquí, se entregó el 19 de septiembre de 2024 y un mes más tarde lo hicieron otros dos tripulantes, que quedaron en libertad provisional el pasado julio. El último de los tripulantes se entregó el pasado mes de mayo.
Un orden en cuestión y archivada
El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo archivó definitivamente las denuncias que pedían investigar a los dos mandos de la Guardia Civil responsables de aquel operativo, cuestionado por enviar a los agentes en una zodiac, en inferioridad de condiciones, a enfrentarse a una narcolancha mucho más potente.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó el sobreseimiento decretado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que asumía la postura de la Fiscalía de archivar las denuncias para que se investigaran posibles responsabilidades penales contra el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz, por los delitos de homicidios imprudentes, lesiones y contra la seguridad en el trabajo.