La Fiscalía de Odio y Discriminación investiga a Xavier García Albiol por el macrodesalojo del antiguo instituto B9 de Badalona
La decisión se produce tras una denuncia penal del eurodiputado de Comuns Jaume Asens, que defiende que se vulneró la resolución judicial que amparó el desalojo
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BadalonaLa Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación por varios delitos al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, y que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes ocasionando una importante polémica y distintos disturbios. Entonces, el dirigente 'popular' dijo que el lugar era un "asentamiento" en el que "había mafia, prostitución y drogas".
A raíz de todo ello, fue el pasado 24 de diciembre cuando el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9, en el que vivían, en su mayoría, migrantes subsaharianos.
La denuncia contra Xavier García Albiol por el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona
A ese respecto, la denuncia de los Comuns sostenía que Albiol había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.
Ahora, tras la denuncia, la Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación, según han informado fuentes del ministerio público citadas por EFE.
En su escrito a la Fiscalía, Asens alegaba que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se "garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho", de forma que lo primero quedaba "expresamente condicionado" a lo segundo.
Es en ese punto en el que, en la denuncia, indicaban que, pese a ello, Albiol dijo en reiteradas ocasiones que el consistorio "no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales" y, así, "persistió en una actuación contraria al mandato judicial", sostienen los Comuns en su escrito.
Además, en esa misma línea, Jaume Asens denunció además la "tolerancia institucional" del Ayuntamiento de Badalona con los "episodios de bloqueo y presión vecinal" que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habitaciones proporcionados por entidades sociales.
Más allá, según Comuns, en posteriores reuniones con los vecinos en las que Albiol reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas, escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que "no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata" por parte del alcalde.
Igualmente, Asens afirmó que Albiol denegó su ayuda a los migrantes "de forma selectiva" debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios.
Además, adujo que existían "indicios de desobediencia reiterada" al no dar el consistorio badalonés "cumplimiento efectivo" a la resolución judicial que amparó el desalojo, así como un delito de prevaricación administrativa en la actuación "contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta".
La apertura de diligencias se suma a otro procedimiento judicial sobre el desalojo del edificio B9 de Badalona
A este respecto, cabe destacar que la apertura de estas diligencias de investigación se suman a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la "atención adecuada" y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial.
La Fiscalía planteó esta petición ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que autorizó el desalojo, requiriendo de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona para que entregara un informe sobre las incidencias producidas durante el desahucio y de qué modo se estaba dando cumplimiento al mandato del juzgado para que los servicios sociales prestaran la "atención adecuada" a las personas sintecho desalojadas.
