El Gobierno amplía las ayudas para rehabilitar edificios: beneficiarios y gastos incluidos en los nuevos programas
Las nuevas ayudas cubren obras, proyectos, certificados y otros gastos asociados a la rehabilitación
El nuevo Plan de Vivienda trae ayudas para rehabilitar casas y edificios: aún está abierto el plazo para recibir financiación en 2026
El Gobierno ha reforzado las ayudas destinadas a rehabilitar viviendas y edificios dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que reserva una parte importante de sus fondos a mejorar el parque inmobiliario existente. Las subvenciones cubren actuaciones de seguridad, accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética y amplían tanto los posibles beneficiarios como los gastos que pueden incluirse en el presupuesto.
El plan movilizará 7.000 millones de euros durante cinco años y establece que al menos el 30% de los recursos se destine a rehabilitar viviendas ya construidas. A ello se suma una medida aprobada por el Gobierno a finales de septiembre que declara exentas de tributación las ayudas de rehabilitación incluidas en el plan y amplía la aplicación del IVA reducido del 10% a determinadas rehabilitaciones destinadas posteriormente al alquiler habitual.
Propietarios, comunidades y otros beneficiarios
Las ayudas para la rehabilitación integral no están reservadas únicamente a quienes poseen una vivienda individual. Pueden solicitarlas propietarios y usufructuarios de viviendas unifamiliares y de edificios residenciales, tanto personas físicas como entidades públicas o privadas.
También pueden ser beneficiarias las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y determinados grupos de propietarios que compartan un edificio aunque no hayan constituido formalmente la propiedad horizontal. Se incluyen igualmente cooperativas de vivienda y cooperativas en régimen de cesión de uso.
Las administraciones públicas, empresas públicas y otras entidades de derecho público propietarias de inmuebles también pueden solicitar financiación. Incluso las empresas arrendatarias o concesionarias de un edificio pueden hacerlo si cuentan con un contrato vigente que les conceda expresamente la facultad de realizar las obras.
La normativa contempla además situaciones en las que un inquilino asume el coste de una rehabilitación a cambio de una reducción parcial o total de su renta. En estos casos, y con el correspondiente acuerdo del propietario o de la comunidad, el arrendatario puede convertirse en beneficiario de las ayudas.
Existe una línea diferenciada para rehabilitar el interior de viviendas situadas en edificios colectivos. En ella también pueden solicitar financiación los inquilinos y cesionarios, siempre que el contrato les autorice expresamente a ejecutar las actuaciones y se cumplan el resto de condiciones del programa.
Desde ascensores hasta amianto o eficiencia energética
Las actuaciones se organizan en tres grandes bloques. El primero corresponde a la seguridad del edificio e incluye intervenciones sobre elementos estructurales y obras necesarias para mejorar la protección frente a incendios.
El segundo se centra en la accesibilidad. Puede financiar la instalación de ascensores, rampas y salvaescaleras, sistemas automáticos para abrir puertas y otras soluciones destinadas a facilitar la autonomía de personas con movilidad reducida. También se contemplan dispositivos adaptados para personas con discapacidades sensoriales o intelectuales.
En materia de habitabilidad y sostenibilidad pueden incluirse actuaciones sobre fachadas, cubiertas y otros elementos de la envolvente térmica, así como trabajos destinados a reducir el consumo energético. El programa cubre también la retirada de materiales que contengan amianto y las mediciones y obras necesarias para eliminar concentraciones perjudiciales de gas radón.
Las cuantías dependen de la actuación. Las ayudas de seguridad pueden llegar a 8.000€ por vivienda, mientras que en accesibilidad pueden alcanzar 13.000€ y subir hasta 22.000€ en intervenciones destinadas a lograr una accesibilidad universal. El porcentaje subvencionado puede alcanzar el 70% y elevarse al 80% en determinados casos.
Cuando exista una situación acreditada de vulnerabilidad económica, las comunidades autónomas pueden conceder una ayuda adicional de hasta el 100% del coste que corresponda al propietario afectado, dentro de los límites y condiciones establecidos.
También se pagan proyectos, certificados y trámites
Una de las cuestiones relevantes es que el presupuesto subvencionable no se limita a ladrillos, materiales o mano de obra. Las ayudas pueden incluir los honorarios de profesionales que participen en la rehabilitación y el coste de redactar los proyectos necesarios.
También pueden entrar los informes técnicos y certificados, los gastos derivados de la tramitación administrativa y determinados impuestos o tributos siempre que estén correctamente justificados y no puedan recuperarse o compensarse por otra vía.
El programa permite financiar igualmente parte del coste de las oficinas de rehabilitación, así como la intervención de agentes y gestores que se encarguen de coordinar las actuaciones. Esto puede resultar especialmente útil en comunidades de propietarios que afronten una rehabilitación compleja y necesiten asistencia técnica y administrativa.
Hay, sin embargo, actuaciones que quedan fuera. El Plan establece que no se subvencionarán inversiones destinadas a instalar generadores térmicos con combustibles fósiles, en línea con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de este tipo de fuentes.
La gestión final de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas, que deben desarrollar sus convocatorias y concretar plazos, documentación y procedimientos. Por eso, antes de iniciar una obra conviene consultar las condiciones aplicables en cada territorio: el abanico de beneficiarios y gastos es amplio, pero realizar determinadas actuaciones antes de presentar la solicitud puede afectar al derecho a recibir financiación.