Desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid insisten en que le ofrecieron alternativas habitacionales y cargan contra Pedro Sánchez y el Gobierno
Díaz Ayuso afirma que el desahucio de Maricarmen fue "en cumplimiento de la ley" y acusa a Pedro Sánchez de alentar la "quema de calles"
MadridEl desahucio de Maricarmen en el barrio del Retiro de Madrid ha golpeado directamente al epicentro de la crisis de la vivienda en España, desatando múltiples manifestaciones y protestas. Su desalojo, a los 87 años, con un 50% de discapacidad y tras 71 años viviendo de alquiler en un domicilio ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, ha propiciado una oleada de indignación, con los políticos otra vez en el foco.
Para seguir viviendo en el inmueble, la empresa propietaria, –Urbagestión Desarrollo e Inversión–, “una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión”, según se definen, exigía a la octogenaria un pago mensual inasumible para ella: 1.650 euros, cantidad propuesta mientras se resolvía el litigio abierto; una cifra que excede su pensión y que escala a unos 2.650 en el resto de apartamentos en propiedad de la compañía. Por eso, Maricarmen, que además vivía sola, no podía hacer frente a la situación. Aunque había pagado religiosamente hasta el momento, el precio había escalado rápidamente a partir de 2018 desde la llegada de Urbagestión: de los cerca de 500 euros que estaba abonando a esos 1.650; un incremento de alrededor del 275%.
El desahucio de Maricarmen, el terremoto político y las vías que le ofrecieron antes del desahucio
Ante ese escenario, comenzó el litigio, que se extendió hasta que ayer, en el cuarto intento de desahucio y por orden judicial, efectuaron su desalojo, lo que llevó a que desde ayer se multiplicasen los actos de protesta, con manifestaciones en distintas ciudades de España clamando contra lo ocurrido, contra la crisis de la vivienda y contra la inacción política, tanto del Gobierno como del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que una vez más se han enzarzado en un cruce de acusaciones.
Desde el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, han insistido en que antes del desahucio trataron de ayudar a Maricarmen ofreciéndole distintas alternativas habitacionales que fueron rechazadas. Confrontando declaraciones del ejecutivo central, el propio Almeida ha insistido: “La ministra de Vivienda no dice la verdad: sí hemos elaborado un informe de vulnerabilidad".
El alcalde madrileño ha explicado que, al tiempo en que la octogenaria es usuaria desde hace años de distintos recursos municipales, se le ofrecieron en los últimos meses alternativas en varias residencias, algo que fue rechazado.
También la Comunidad de Madrid, en ese sentido, ha subrayado que ha trabajado “de manera conjunta” con el consistorio “para poder ayudar” a Maricarmen.
Concretamente, según recoge ElMundo, le habrían ofrecido en noviembre una plaza en una residencia de la Comunidad de Madrid. Después, en enero, ella solicitó plaza a través de los servicios sociales municipales y en abril se le adjudicó una residencia de la comunidad autónoma en Alcalá de Henares. Además, el Ayuntamiento de Madrid también le habría ofrecido una plaza residencial en la red de recursos municipales, pero, –según el citado medio–, habría rechazado las tres opciones.
Ante la situación, no obstante, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha subrayado: "El Ayuntamiento ha puesto todos los medios de los servicios sociales a su disposición, como el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional y SAMUR. Los servicios sociales del Ayuntamiento están en situación de ofrecerle un recurso habitacional”. Además, al mismo tiempo, ha añadido: “gustaría vivir una situación como la de Maricarmen en estos momentos. Desde el punto de vista humano es muy dura y difícil. Obedece a un mandato judicial que se tiene que cumplir".
Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez y el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen
Precisamente respecto a esas últimas líneas, la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso también se ha pronunciado recalcando que el desahucio de la octogenaria fue “en cumplimiento de la ley”, acusando al mismo tiempo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar la “quema de calles”.
"Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas”, ha sostenido durante un foro organizado por el Círculo de Empresarios.
Además, ha recordado que el Gobierno ha prometido 184.000 viviendas y no ha "construido ninguna", pero sí ha puesto en marcha una ley de vivienda que ha calificado de “absurda”, afirmando que lo único que está promoviendo es que los precios "se sigan disparando", además de que no se construye vivienda "al ritmo de lo que se necesita".
