La comitiva judicial llega a la vivienda de la que se quiere desahuciar a una familia con hijos de 8 y 10 años en Vitoria, Álava

La comisión judial que llevará a cabo el desahucio de una familia con dos hijos menores en Vitoria, Álava, ya está en calle Nueva Fuera. A las puertas de esta vivienda, un fuerte dispositivo de la Ertzaintza controla la protesta social que intenta detener el lanzamiento como ocurrió sin éxito este jueves en el caso de Maricarmen. Asociaciones como Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a parar el desalojo, que se va a ejecutar este mediodía.

"Defender las casas de nuestros vecinos"

A través de las redes sociales, las asociaciones alertan de que "hoy ha llegado el día, hoy intentarán desalojar a una familia del Casco Viejo de Vitoria" y advierten de que están "organizados y preparados para defender las casas de nuestros vecinos".

Ante este llamamiento, hasta la zona se han acercado ya numerosas personas, a las que la Ertzaintza ha cerrado el paso a la calle Nueva Fuera, por lo que permanecen tras las el cordón policial, según testigos presenciales.

Según las asociaciones antidesahucios, el origen del proceso de desahucio no estaría relacionado con el impago de la renta mensual. Afirman que la familia, que paga alrededor de 450 euros de renta al mes, "ha hecho arreglos que no tendría que haber corrido a su cuenta" y la vivienda está "mejor que cuando la alquilaron por primera vez hace 14 años".

Según han explicado, como consecuencia de la derogación el pasado mes de febrero en el Congreso del decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a hogares vulnerables, el propietario ha decidido continuar con el proceso judicial que inició en 2021 y la autoridad judicial "no considera que, a pesar de ser una familia en una situación muy vulnerable con dos menores, eso sea suficiente para poder paralizar el desahucio".

Tras reconocer que hay una deuda de pagos que el propietario "no ha querido justificar a los arrendatarios", desde el sindicato ha indicado que la familia ha dejado de pagar el alquiler al iniciarse el proceso judicial.

La familia, han asegurado desde el sindicato, "ha intentado negociar para poder pagar de manera transparente tanto el alquiler como esos gastos", pero "el dueño no quería enseñarles las facturas, les pedía cantidades muy considerablemente exageradas y ellos no sabían qué es lo que tenían que pagar".

"Como todo ciudadano tenemos derecho a saber qué gastos son los que tenemos que pagar de la luz, del agua, etc. Y el dueño se ha negado en todo momento", han denunciado desde el Sindicato de Vivienda.

Por ello, estas asociaciones han llamado al vecindario a acudir para tratar de impedir el desalojo, con el objetivo de "paralizar el desahucio en la puerta y, una vez parado, intentar negociar otra vez con el propietario y exigir también a los servicios sociales otras alternativas".